La tragedia registrada en el kilómetro 28 carretera a Soto La Marina, no puede convertirse en una estadística más ni perderse entre comunicados oficiales y explicaciones administrativas.
Lo ocurrido en la construcción de la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, obliga a una revisión profunda sobre las condiciones de seguridad en la obra.
El proyecto representa una de las inversiones más importantes para garantizar el abasto de agua en la capital del estado.
Pero ninguna obra pública, por estratégica que sea, puede construirse al margen de la prevención ni de la responsabilidad institucional.
Hoy existe un trabajador de apenas 20 años de edad, reportado como desaparecido tras el colapso de un ducto durante las labores de construcción.
Ese hecho, por sí solo, debería ser suficiente para activar una investigación exhaustiva y deslindar responsabilidades sin contemplaciones ni justificaciones anticipadas.
La situación se vuelve todavía más delicada por los señalamientos realizados por el padre del joven trabajador desaparecido.
Sus declaraciones no pueden ignorarse. Menos cuando habla de presuntas irregularidades que, de confirmarse, agravarían aún más el escenario de esta tragedia.
Asegura que algunos trabajadores y responsables de la obra laboraban bajo los efectos del alcohol y señala evidencias visibles en el lugar.
Más grave aún resulta que, según su testimonio, estas situaciones habrían sido reportadas previamente a superiores sin que existiera una intervención efectiva.
Si estos señalamientos tienen sustento, entonces la investigación no debería limitarse a determinar las causas materiales del colapso.
También tendría que establecer si existieron omisiones, negligencias o tolerancias que contribuyeron a generar condiciones de riesgo dentro de la obra.
En el lugar ya se observó la presencia de elementos de la Policía Investigadora, lo que confirma la relevancia de los hechos.
Sin embargo, la dimensión de esta tragedia exige un trabajo coordinado entre autoridades ministeriales, peritos especializados y organismos responsables de la supervisión.
Hasta ahora no existe información clara sobre la realización de un peritaje técnico de ingeniería que permita conocer exactamente qué provocó el colapso.
Y ese vacío comienza a generar dudas sobre la rapidez y profundidad con la que se está atendiendo el caso.
Lo ocurrido también exhibe posibles fallas en los mecanismos de supervisión preventiva que debieron operar durante el desarrollo de la obra.
Porque si existían riesgos estructurales, condiciones inseguras o prácticas irregulares, alguien tenía la obligación de detectarlas y corregirlas oportunamente.
Protección Civil, las instancias responsables de seguridad laboral y las autoridades competentes deberán explicar cuál fue su nivel de participación preventiva.
La desaparición de un joven trabajador y las circunstancias que rodean esta tragedia demandan algo más que condolencias: exigen respuestas, responsabilidades y la verdad completa.
