Jackson.- Misisipi pondrá en marcha una legislación que autoriza elaborar un registro oficial de personas sin residencia legal, medida que despierta inquietud entre organizaciones defensoras de migrantes.
La disposición, vigente desde el próximo miércoles, faculta al Departamento de Seguridad Pública para identificar a extranjeros sin autorización migratoria utilizando herramientas legales de investigación disponibles.
Aunque la norma no precisa el destino final del registro, activistas advierten que podría convertirse en un instrumento para fortalecer las deportaciones impulsadas por la administración estadounidense.
La legislación ordena reunir información personal como nombre, domicilio, nacionalidad, edad, antecedentes penales y cualquier procedimiento migratorio vigente relacionado con las personas identificadas.
También establece que los datos sobre posibles infracciones legales deberán compartirse con autoridades estatales y municipales, aunque mantiene indefinida cualquier colaboración directa con ICE.
La senadora republicana Angela Hill, promotora de la iniciativa, sostuvo que los estados tienen responsabilidad de colaborar con el gobierno federal para desalentar la migración irregular.
Hill argumentó que conocer la cantidad y características de quienes permanecen ilegalmente permitirá dimensionar el problema y enfrentar delitos asociados, como tráfico humano y narcotráfico.
Durante 2026, más de cien leyes relacionadas con inmigración han sido aprobadas en distintos estados, reflejando la creciente polarización política sobre el control migratorio estadounidense.
Las administraciones republicanas han fortalecido medidas alineadas con Donald Trump, incluyendo cooperación obligatoria con ICE, restricciones a beneficios públicos y mayores verificaciones de ciudadanía.
Por el contrario, estados gobernados por demócratas impulsan normas que limitan la participación de policías locales en operativos migratorios y restringen redadas en espacios sensibles.
La nueva legislación de Misisipi guarda similitudes con una orden emitida en Florida por Ron DeSantis para localizar e identificar migrantes trasladados desde la frontera sur.
Hasta ahora, autoridades floridanas no han informado públicamente los resultados obtenidos mediante aquella estrategia, pese a las solicitudes realizadas por diversos medios nacionales.
La administración Trump también fortaleció recientemente la aplicación de una legislación federal que obliga a ciudadanos extranjeros a registrarse oficialmente ante las autoridades estadounidenses competentes.
Especialistas advierten que mantener actualizado un padrón permanente resultará complejo, considerando que muchas personas modifican continuamente su condición migratoria mediante distintos procedimientos legales.
Efrén Olivares, vicepresidente del National Immigration Law Center, afirmó que el proyecto resulta prácticamente imposible de ejecutar y representa un precedente preocupante para los derechos civiles.
Jessica Vaughan, investigadora del Center for Immigration Studies, opinó que la iniciativa puede facilitar la identificación de personas con permanencia irregular y fortalecer el trabajo migratorio federal.
Según datos del American Immigration Council, menos de 28 mil migrantes sin autorización residen actualmente en Misisipi, equivalente a menos del uno por ciento de la población estatal.
Victoria Francis, representante del American Immigration Council, alertó que la medida puede incentivar perfiles discriminatorios y desviar recursos policiales hacia funciones alejadas de la seguridad ciudadana.
Lydia Grizzell, integrante de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Mississippi, advirtió que la legislación podría romper la confianza entre comunidades migrantes y corporaciones policiales.
