Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó la inhabilitación de 134 exservidores públicos como parte de una ofensiva administrativa derivada de investigaciones por presuntas irregularidades detectadas en el ejercicio gubernamental.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que las inhabilitaciones forman parte de un total de 195 sanciones administrativas impuestas durante las labores permanentes de fiscalización.
Precisó que alrededor del 90 por ciento de las personas sancionadas desempeñaron cargos durante la pasada administración estatal panista, aunque aclaró que también existen procedimientos contra funcionarios actuales.
Explicó que todas las investigaciones surgen de denuncias ciudadanas o revisiones institucionales, iniciándose únicamente cuando existen elementos suficientes que acreditan circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Pedraza Melo señaló que la dependencia continúa avanzando en las investigaciones administrativas y reveló que únicamente durante el presente año se han aplicado 52 sanciones oficiales.
Indicó que, además de las inhabilitaciones, las resoluciones emitidas contemplan amonestaciones y suspensiones, dependiendo de la gravedad de las conductas acreditadas en cada expediente revisado.
La funcionaria explicó que 85 expedientes considerados como posibles faltas graves fueron enviados al Tribunal de Justicia Administrativa para determinar las sanciones correspondientes.
Sin embargo, reconoció desconocer las razones por las cuales ese órgano jurisdiccional todavía no emite resoluciones definitivas sobre esos expedientes, pese al tiempo transcurrido desde su remisión.
Añadió que corresponde exclusivamente al Tribunal definir las consecuencias legales para quienes incurrieron en posibles irregularidades administrativas calificadas como graves durante su desempeño público.
Entre las personas involucradas figuran exsubsecretarios, directores generales, jefes de departamento y otros mandos superiores, varios de los cuales promovieron amparos y recursos legales.
Debido a esas impugnaciones, explicó Pedraza Melo, diversos procedimientos permanecen abiertos y continuarán su curso jurídico hasta que las autoridades competentes emitan resoluciones definitivas.
