Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Trabajadores del Instituto Federal de Defensoría Pública denunciaron despidos repentinos y sin explicación, acusando falta de transparencia, incertidumbre laboral y afectaciones emocionales tras la terminación de sus contratos.
A través de un pronunciamiento difundido en redes sociales, personal del Instituto, incluida una trabajadora adscrita a Tamaulipas, informó que recibió la instrucción de abandonar sus funciones sin previo aviso.
Explicaron que desde el 29 de junio permanecieron durante horas esperando conocer su situación laboral, enfrentando silencio institucional, incertidumbre y ausencia de información oficial sobre su permanencia.
Los afectados aseguraron que la espera provocó crisis emocionales y un fuerte desgaste psicológico, especialmente entre mujeres jefas de familia, madres solteras y servidores públicos con trayectoria institucional.
Indicaron que durante años desempeñaron labores especializadas para garantizar el acceso a la justicia de sectores vulnerables, aportando experiencia profesional y compromiso en la defensa de derechos humanos.
En el mismo comunicado señalaron que el Trabajo Social ha sido constantemente relegado dentro del Instituto, pese a representar una función indispensable para brindar atención integral a la población.
Los trabajadores afirmaron que resulta contradictorio que una institución encargada de proteger derechos humanos adopte decisiones laborales que, aseguran, afectan la dignidad de su propio personal.
Añadieron que las medidas impactan principalmente a mujeres que representan el principal sustento económico de sus hogares, generando consecuencias familiares y sociales de amplio alcance.
En su posicionamiento, demandaron respeto a los derechos laborales y un trato digno para quienes integran la institución, subrayando que defender derechos también implica respetar a sus trabajadores.
Recordaron que desde enero habían advertido públicamente sobre reducciones salariales de hasta 80 por ciento que afectaban al personal administrativo, alrededor de 50 mil trabajadores y tres mil empleados del propio Instituto Federal de Defensoría Pública.
