Ciudad victoria, Tamaulipas.- Un grupo de ex consejeros electorales, juristas y especialistas advirtió que la promoción anticipada de aspirantes y partidos políticos ya pone en riesgo la equidad de la elección de 2027, por lo que exigió al INE actuar de inmediato para detener esas prácticas.
Mediante un pronunciamiento público del Observatorio Ciudadano CEPNA, señalaron que, aunque el proceso electoral federal 2026-2027 aún no inicia formalmente, diversos actores políticos mantienen actividades sistemáticas de promoción con claros fines electorales.
Consideraron que esos actos rebasan la participación ciudadana y constituyen campañas adelantadas, al involucrar estructuras territoriales, eventos públicos, propaganda, difusión digital y recursos cuya procedencia permanece desconocida.
Advirtieron además que, permitir estas acciones genera ventajas indebidas para quienes cuentan con mayores recursos económicos, partidistas o gubernamentales, afectando las condiciones de igualdad entre futuros contendientes.
Los firmantes recordaron que la Constitución establece plazos específicos para la competencia electoral, con precampañas de 40 días y campañas de 60, programadas para 2027.
Sostuvieron que resulta preocupante la falta de acciones contundentes del Instituto Nacional Electoral, al considerar insuficiente mantener una postura pasiva frente al despliegue anticipado de promoción política.
Señalaron que el INE posee facultades legales para prevenir, investigar, fiscalizar y, en su caso, sancionar conductas que vulneren la equidad electoral, aun cuando el proceso no haya comenzado oficialmente.
Por ello, demandaron que el organismo electoral emita lineamientos, requerimientos y medidas preventivas que impidan consolidar prácticas que calificaron como un posible fraude a la ley.
También solicitaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver los casos relacionados con propaganda anticipada conforme a la Constitución y la legislación vigente.
Indicaron que los partidos políticos, por su carácter de entidades de interés público, están obligados a respetar los límites legales para preservar la certeza, legalidad y equidad democrática.
Los promoventes anunciaron que mantendrán vigilancia permanente sobre el desempeño de las autoridades electorales y denunciarán cualquier decisión u omisión que comprometa la autenticidad del sufragio y los principios constitucionales de la competencia política.
