Reynosa, Tamaulipas.- La presunta participación de ocho elementos de la Guardia Estatal en el secuestro y extorsión de un empresario en Reynosa debe investigarse sin excepciones, con total transparencia y hasta deslindar todas las responsabilidades, demandó la diputada local Magaly Deándar Robinson.
La legisladora sostuvo que ningún integrante de una corporación de seguridad puede colocarse por encima de la ley, por lo que respaldó las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Deándar Robinson afirmó que toda denuncia relacionada con posibles abusos de autoridad debe atenderse con seriedad, imparcialidad y pleno respeto al debido proceso para garantizar justicia a las víctimas.
Insistió en que las instituciones encargadas del caso tienen la obligación de conducir las investigaciones con absoluta transparencia y llevar la carpeta 00029/2026 hasta sus últimas consecuencias.
La diputada subrayó que el esclarecimiento de los hechos no debe depender del cargo o la investidura de los presuntos responsables, sino únicamente de las pruebas recabadas durante la investigación.
El caso alcanzó relevancia nacional después de que comenzaron a difundirse videos de cámaras de vigilancia donde presuntamente aparecen policías encapuchados privando de la libertad a un comerciante.
De acuerdo con la denuncia presentada, los hechos ocurrieron el 13 de mayo de 2026, cuando los agentes habrían exigido 30 mil dólares para liberar al empresario.
La denuncia también establece que los presuntos responsables recibieron un primer pago de siete mil dólares como parte de la cantidad que supuestamente exigieron a la víctima.
Mientras continúan las investigaciones, los ocho elementos fueron retirados de las labores operativas y permanecen bajo resguardo administrativo en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.
Sobre este expediente, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, informó que el caso permanece bajo investigación administrativa y penal por parte de Asuntos Internos y de la Fiscalía estatal, procedimiento que podría extenderse hasta tres meses.
