Altamira, Tamaulipas.- Bajo consignas de ”¡El pueblo unido jamás será vencido!”, Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, llegó este martes al Centro Regional de Justicia para exigir que el crimen de su hija no quede impune.
La audiencia inicial fue reanudada para que la jueza de control determine, a más tardar el jueves, si vincula o no a proceso a Danna, la primera imputada por el presunto feminicidio de la adolescente ocurrido el pasado 16 de julio.
Durante la diligencia, el Ministerio Público y la defensa continuaron presentando testimonios y datos de prueba con el propósito de sustentar o desvirtuar la probable responsabilidad de la acusada.
La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género mantiene firme la imputación, mientras la defensa sostiene que la carpeta de investigación presenta inconsistencias y carece de pruebas suficientes.
Antes de ingresar a la sala de audiencias, Alejandra Quintos lanzó un enérgico llamado para que todos los responsables de delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes enfrenten la justicia.
“Vamos a agarrar a todos esos asesinos, torturadores, violadores y pedófilos que han dañado la juventud y la infancia de miles de niños”, expresó ante familiares y personas que acompañaban el caso.
Pese a la exigencia de castigo, la madre de Dafne evitó señalar directamente a Danna como responsable y sostuvo que será la autoridad judicial quien determine su situación jurídica.
“Yo no puedo decir quién es inocente o culpable, porque no estuve en el lugar de los hechos. Soy una madre que únicamente quiere conocer la verdad”, declaró.
Danna, originaria de Poza Rica, Veracruz, fue detenida en cumplimiento de la primera de las tres órdenes de aprehensión libradas dentro de la investigación por el feminicidio de Dafne.
Las indagatorias también alcanzan presuntos actos de violencia ocurridos al interior de la Academia Militarizada Marina Doenitz, señalada por exalumnos y denunciantes por supuestos abusos sistemáticos contra estudiantes.
Mientras algunas de esas acusaciones ya forman parte de las líneas de investigación ministerial, otras permanecen como denuncias públicas que aún deberán ser corroboradas por las autoridades.
La resolución judicial deberá emitirse antes de que concluya el plazo constitucional ampliado solicitado por la defensa, decisión que definirá si la imputada enfrenta un proceso penal o recupera su libertad en esta causa.
