Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mientras la Secretaría de Educación Pública sostiene que la legislación federal no reconoce la educación militarizada en planteles de nivel básico, cuatro escuelas continúan ofreciendo ese modelo educativo en Tamaulipas.
Las instituciones identificadas son la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero; el Colegio Militarizado Calmécac, en Reynosa; el Bachillerato Militar Reynosa, también en Reynosa; y el Colegio Militarizado Cadete Juan Escutia, ubicado en la zona sur del estado.
La permanencia de estos planteles cobra especial relevancia tras las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de Justicia en torno a la Academia Militarizada Marina Doenitz, donde ocurrió un caso que mantiene bajo escrutinio a las autoridades.
A raíz de esos hechos, la discusión sobre la regulación y supervisión de los centros educativos con disciplina castrense volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública.
Pese a ese escenario, las cuatro instituciones continúan prestando servicios educativos mediante esquemas inspirados en la formación militar, con registros o supervisión de las autoridades educativas estatales.
La Academia Militarizada Marina Doenitz, establecida en Ciudad Madero, permanece bajo investigación, situación que reavivó el debate sobre la operación de este tipo de planteles.
En Reynosa también funciona el Colegio Militarizado Calmécac, institución que ofrece educación desde primaria hasta preparatoria mediante un modelo basado en disciplina, orden y formación castrense.
En esa misma ciudad opera el Bachillerato Militar Reynosa, plantel de educación media superior que mantiene un esquema académico sustentado en prácticas de orientación militar.
Asimismo, el Colegio Militarizado Cadete Juan Escutia brinda estudios de secundaria y cuenta con registro para operar en la zona sur de Tamaulipas.
La existencia de estas escuelas contrasta con la postura fijada por la Secretaría de Educación Pública, que reiteró que la legislación federal no contempla una figura jurídica para autorizar oficialmente la educación militarizada en planteles de nivel básico.
Aun con ese criterio, las instituciones permanecen en funcionamiento y continúan sujetas a la supervisión de las autoridades educativas estatales para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.
