¿Por qué la administración estatal -Américo Villarreal Anaya y gabinete, se han visto tan lentos en el dramático y terrorífico caso Dafne-Academia Militarizada Doenitz?
¿Por qué se dejó en manos de fiscales sin experiencia, asuntos tan complejos como el que ha indignado a la sociedad tamaulipeca?
¿Por qué no se nombró un fiscal especial para llevar todas las indagaciones y frenar la tendencia a ensuciar las pistas y las pruebas del 4sesinato de la niña?
Cada vez, surgen más testigos y más información que involucra a la familia Mora Diíaz en delitos de alto impacto contra la niñez. No son decenas: son cientos; jovencitos de ambos sexos, pintan la conducta de Jorge Luis Ponce Ortega y su pandilla de torturadores, como clara y evidentemente desviada y enferma.
Hasta el momento, es impredecible el costo -alto muy alto- político para el gobierno de Tamaulipas, esa desdeñosa tardanza en la impartición de justicia para todos; y sobre todo para los más vulnerables: niños y adolescentes de los sectores populares.
Varios testimonios ruedan en redes sociales de exalumnos, que bien podrían ser citados a declarar.
Al menos dos de ellos, un jovencito y una chica, acusan de violación a Ponce Ortrega y a uno de los Mora Diaz.
Irresponsablemente, no se han atendido esas denuncias, cuando parece ser una estrategia básica para el esclarecimiento de cómo funcionaba ese plantel al margen de la constitución -dijo el secretario de la SEP, Mario Delgado Carrillo-.
Los abogados defensores de Danna Yanina, presunta responsable, han puesto en problemas a los inexpertos fiscales que atienden el feminicidio. Al parecer, ganarán la batalla a los acusadores de la apresada, que también jugó el rol de víctima.
En tanto esa cascada de acontecimiento ocurre, la irritación social amaga con desbordarse. Amenaza con rebasar los límites de la geografía y la autoridad tamaulipecas.
¿Quién se hará responsable del daño físico y psicológico de los cientos de alumnos de la ilegal escuela militarizada?
¿Por qué no se ha anunciado un programa gubernamental que atienda a esos jovencitos que seguramente fueron lastimados en años de aplicar esa pedagogía de opresión?
Los profesionales de la conducta tamaulipecos bien podrían impulsar un plan de rescate y auxilio de ese grande grupo de víctimas de violencia institucionalizada. Es el momento de la sociedad civil: cuando el ente gubernamental se ausenta.
Ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se ha apersonado.
La estructura de gobierno ha colapsado, en dos de sus principales obligaciones: resguardar el bien más preciado de sus gobernados -la vida- e impartir justicia pronta y expedita para todos.
Si no pueden, es muy simple: digan a la presidenta Claudia Sheinbaum que les ayude.
