Como prioridad para el próximo periodo de sesiones, la Cámara de Diputados prevé aprobar una reforma propuesta por el Poder Ejecutivo a la Ley Federal del Derecho de Autor, con el fin de definir la responsabilidad compartida de los proveedores de Internet por el tráfico de contenido ilegal que realicen sus usuarios.
Se trata de incluir en la ley federal el término “responsabilidad secundaria” para imponer multas y hacer responsables a los proveedores de Internet de las infracciones cometidas por sus usuarios en materia de derechos de autor, explicó el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila.
Cancelar servicio a infractores
La reforma fue recibida en mayo y enviada a la Comisión de Economía, donde permanece pendiente de dictamen. Monreal señaló que una parte central de la propuesta es establecer que las empresas proveedoras deberán contar con una política que contemple la cancelación del servicio a infractores reincidentes, la cual deberá ser de conocimiento público para sus usuarios.
Además, las empresas serán responsables de las infracciones cometidas por sus usuarios cuando incumplan con la ley en materia de daños y perjuicios ocasionados a los titulares de derechos de autor, derechos conexos o cualquier otro derecho de propiedad intelectual.
Las multas, que van de mil a cinco mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), y de hasta 5 mil a 40 mil veces ese mismo valor, serían aplicadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, señaló el legislador.
Actualmente, según la exposición de motivos de la iniciativa, el régimen de puerto seguro en materia de proveedores de servicios de Internet limita la responsabilidad de los intermediarios digitales respecto del contenido, los datos o las actividades de sus usuarios. Bajo ese esquema, las empresas no son consideradas automáticamente responsables por los contenidos ilícitos generados por sus usuarios. Los mecanismos de puerto seguro, de aviso y retiro de contenido en línea han demostrado su eficacia para combatir infracciones masivas en el entorno digital, detalla la propuesta.
Como ejemplo, cita información de la Asociación Protectora de Derechos Intelectuales Fonográficos, según la cual entre 2023 y 2024 se eliminaron 127 millones 151 mil 955 contenidos infractores en plataformas digitales, mientras entre 2024 y 2025 se eliminaron otros 72 millones 406 mil 879.
La propuesta plantea que las empresas perderán la condición de “puerto seguro” y dejarán de ser consideradas intermediarias neutrales si contribuyen, inducen o provocan la conducta ilegal y tienen conocimiento de ella, o incluso si obtienen un beneficio financiero atribuible a esa irregularidad.
Si no cuentan con medidas efectivas para proteger o identificar material protegido por derechos de autor, serán responsables de las mismas infracciones cometidas por quien difunda el contenido ilegal. LaJornada
