Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A un mes del arranque del proceso electoral 2026-2027, el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA) advirtió que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan un riesgo para la libertad de expresión y podrían abrir la puerta a la censura gubernamental en los medios de comunicación.
En un posicionamiento público, el Observatorio Ciudadano 2026 sostuvo que, aunque la propuesta incorpora avances en materia de accesibilidad y protección de las audiencias, también concede al gobierno facultades para determinar qué contenidos constituyen información, opinión o tratamiento noticioso.
El organismo alertó que esa atribución permitiría imponer sanciones a concesionarios de radio y televisión, generando un ambiente de presión que podría inhibir el debate público y favorecer la autocensura.
El CEPNA advirtió que, en pleno contexto electoral, cualquier regulación que limite el intercambio de ideas, la crítica o el contraste de posturas debilita las condiciones indispensables para garantizar elecciones auténticamente libres.
El documento recuerda que la libertad de expresión constituye un principio esencial de toda democracia y cita el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la reconoce como base de una ciudadanía informada.
Los especialistas sostienen que el voto libre depende de que los ciudadanos puedan escuchar versiones distintas, confrontar argumentos y formarse una opinión sin restricciones impuestas desde el poder público.
El posicionamiento también cuestiona la reforma de 2024, al considerar que trasladar la protección de los derechos de las audiencias a una dependencia gubernamental eliminó los contrapesos que ofrecía un organismo autónomo.
A juicio del CEPNA, esa modificación institucional incrementó el riesgo de que el gobierno intervenga en la evaluación de contenidos periodísticos y utilice esas facultades para influir en la discusión pública.
El organismo recordó que, durante los procesos electorales, la Constitución asigna al INE la administración de los tiempos oficiales en radio y televisión, mientras que el Tribunal Electoral garantiza la legalidad del ejercicio informativo.
Por ello, consideró que una regulación diseñada desde el Ejecutivo podría invadir competencias electorales y convertirse en un mecanismo de presión sobre medios de comunicación, periodistas y concesionarios.
El CEPNA advirtió que los efectos de esa regulación no se limitarían a la radio y la televisión, sino que eventualmente podrían extenderse hacia medios impresos y plataformas digitales.
El organismo exigió que la consulta pública sobre los lineamientos sea auténtica, abierta y vinculante, además de incorporar las observaciones formuladas por periodistas, académicos, juristas y representantes de la industria, quienes coinciden en que la libertad de expresión no debe quedar sujeta al criterio del gobierno.
