Ciudad Victoria, Tamaulipas.-La consejera electoral Frida Denisse Gómez Puga planteó fortalecer los mecanismos de vigilancia financiera rumbo al proceso electoral de 2027 para garantizar que los recursos utilizados en campañas tengan un origen lícito y plenamente verificable.
La integrante de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE exhortó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a reforzar la trazabilidad del dinero destinado a actividades político-electorales.
Sostuvo que la fiscalización no debe limitarse únicamente a revisar cifras o informes contables, sino ofrecer certeza ciudadana sobre la legalidad, transparencia y destino de cada recurso utilizado durante las campañas.
Explicó que la trazabilidad implica mantener un registro preciso de los ingresos y egresos, permitiendo identificar el origen de los recursos, evitar financiamiento ilícito y transparentar quién respalda económicamente a partidos y candidaturas.
Gómez Puga destacó que el modelo de fiscalización implementado por el Instituto Nacional Electoral constituye la principal herramienta para supervisar los ingresos y gastos realizados durante los procesos electorales.
Señaló que una democracia sólida requiere instituciones confiables, autoridades electorales eficientes, actores políticos comprometidos con la legalidad y una ciudadanía que participe informada mediante el ejercicio del voto.
Añadió que la fiscalización fortalece la rendición de cuentas al permitir verificar el origen, monto y destino de los recursos utilizados por partidos políticos, aspirantes, precandidaturas, candidaturas e independientes.
No obstante, advirtió que el actual esquema de supervisión presenta rezagos frente al acelerado avance de las tecnologías digitales, las redes sociales y el uso creciente de herramientas basadas en inteligencia artificial.
Consideró indispensable fortalecer los sistemas de control para que el Instituto Nacional Electoral responda con mayor eficacia a las exigencias de los procesos electorales federales, locales y judiciales.
