Entre la violencia, la inseguridad, la disputa electoral adelantada y las crisis que diariamente ocupan la agenda pública, existen temas que parecen técnicos, pero que terminan definiendo el futuro de los procesos electorales y que impactan en la democracia.
Uno de ellos fue colocado sobre la mesa por el Centro de Estudios para un Proyecto Nacional Alternativo (CEPNA), un observatorio ciudadano integrado por juristas, académicos y especialistas que lanzó una advertencia difícil de ignorar.
El documento no cuestiona la protección de los derechos de las audiencias. Al contrario, reconoce avances importantes en materia de accesibilidad y protección para quienes consumen radio y televisión.
La preocupación surge por otro frente: las facultades que pretenden otorgarse al gobierno para determinar qué es información, qué constituye opinión y cómo debe presentarse una cobertura periodística.
Creo además que, se robustecen las herramientas que la ley da al Estado, para frenar la libeetad de prensa.
Ese punto cambia completamente la discusión. Ya no se trata únicamente de proteger audiencias; se trata de establecer quién tendrá la capacidad de juzgar el contenido informativo durante el debate público.
Si el gobierno adquiere esa facultad, inevitablemente aparecerá un incentivo para la autocensura. Ningún concesionario querrá exponerse a sanciones económicas o procedimientos administrativos por ejercer una línea editorial crítica.
La historia demuestra que las democracias no comienzan a deteriorarse cuando desaparecen las elecciones. Empiezan cuando el poder encuentra mecanismos para controlar la conversación pública sin prohibirla expresamente.
Por eso resulta relevante la advertencia del CEPNA. Lo que hoy parece un reglamento administrativo podría convertirse mañana en una poderosa herramienta para limitar el debate político rumbo al proceso electoral de 2027.
Las campañas necesitan confrontación de ideas, contraste de proyectos, periodismo crítico y espacios donde gobierno, oposición y ciudadanía puedan debatir sin la amenaza permanente de una sanción oficial.
Desde la reforma de 2024 ya existía preocupación por trasladar estas facultades desde un organismo autónomo hacia una dependencia del propio gobierno federal.
Hoy esa preocupación vuelve fortalecida porque los nuevos lineamientos parecen avanzar justamente hacia ese modelo que concentra facultades regulatorias en la autoridad gubernamental.
No es un asunto menor. La radio y la televisión continúan siendo los principales medios de información política para millones de mexicanos durante los procesos electorales.
Si quienes transmiten noticias comienzan a moderar sus contenidos por temor a multas, el primer afectado será el ciudadano, que recibirá una información menos crítica y menos plural.
Una democracia no se fortalece cuando reduce el debate. Se fortalece cuando permite escuchar todas las voces, incluso aquellas que resultan incómodas para quienes ejercen el poder.
Por eso el CEPNA exige una consulta pública auténtica, donde periodistas, constitucionalistas, especialistas, universidades y organismos de comunicación puedan discutir libremente el alcance de esos lineamientos.
Entre quienes respaldan este pronunciamiento aparecen nombres de enorme peso jurídico e institucional como José Ramón Cossío, Diego Valadés, Jesús Orozco Henríquez, Natalia Reyes Heroles, Morelos Canseco, Jorge Alcocer, Alma Zamora, Elba Arjona, Mariana Calderón y Fernán González de Castilla.
No se trata de una reacción partidista ni de una disputa ideológica. Es un llamado formulado por especialistas que advierten riesgos para la libertad de expresión y el derecho ciudadano a estar informado.
Mientras el país permanece concentrado en las crisis políticas del día, quizá uno de los debates más trascendentes ocurre lejos de los reflectores: quién tendrá el poder de decidir qué puede decirse y qué debe callarse.
Si esa decisión termina en manos del gobierno, el problema dejará de ser exclusivamente de periodistas, concesionarios o medios de comunicación. Será un problema de todos los ciudadanos, porque sin libertad para informar tampoco existe libertad para elegir.
