El presunto ocultamiento, borrado o destrucción de videos captados por cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014 —en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa— es el motivo por el cual, ayer, fue detenido Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero entre 2011 y 2014.
Dichas grabaciones registraron el escenario ubicado en el Puente del Chipote, donde hace casi 12 años entre 15 y 20 estudiantes de Ayotzinapa fueron interceptados, agredidos y posteriormente desaparecidos, de acuerdo con investigaciones federales, a partir de las pesquisas que en su momento hizo la anterior Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El Ministerio Público federal determinó la detención de Aguirre tras las declaraciones de Leonardo Octavio Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil, quien estuvo en la cárcel por los hechos de Iguala y que recientemente fue liberado portando un dispositivo electrónico de localización, según revelaron fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) a Excélsior.
También de Lambertina Galeana, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien aportó información para relacionar al exgobernador. La exmagistrada fue trasladada a prisión domiciliaria, de lo que se deduce que estaría cooperando con las autoridades federales.
Según la CNDH, el exmandatario conoció los ataques antes de las 21:50 horas del 26 de septiembre de 2014, y no a las 22:30 horas como afirmó en sus declaraciones ministeriales.
De acuerdo con la FGR, la captura de Aguirre se derivó de una nueva revisión de las actuaciones ministeriales y de los elementos integrados durante las distintas etapas de la investigación.
En conferencia de prensa, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, indicó que en enero pasado, un colaborador declaró que los videos sí existían y acusó a quien los sustrajo para entregarlos a Aguirre.
Un segundo testigo reveló en mayo de 2026 que Aguirre ordenó en una reunión desaparecer cualquier evidencia en Iguala, dijo.
Ernesto Ruffo, Javier Duarte y César Duarte son otros exmandatarios mexicanos que han sido detenidos.
Relevancia de los videos en el caso Ayotzinapa
Los videos tomados desde el Palacio de Justicia de Iguala vuelven a retomar importancia, porque la FGR dice que Aguirre los mandó desaparecer. Esto pasó en sus cercanías.
La noche del 26 de septiembre, luego de las 21:00 horas, el camión 1531 fue perseguido e interceptado por dos patrullas de Iguala en el lugar conocido como Puente del Chipote, cerca del Palacio de Justicia de Iguala.
Los entre 15 y 20 normalistas que viajaban en el autobús Estrella de Oro habrían sido agredidos física y verbalmente por policías de Iguala para que descendieran de la unidad. Después, fueron subidos a las patrullas de los elementos de Huitzuco, al tiempo que arribaron agentes federales.
El testigo protegido declaró a la CNDH que escuchó a un agente de la Policía Federal preguntar sobre la situación de “los chavos”, a lo que un policía municipal contestó que los llevarían a Huitzuco con El Patrón.
“Aguirre ordenó destruir videos”
El presunto ocultamiento, desaparición, borrado o destrucción de los videos captados por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 —en el contexto de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa— es el motivo por el cual fue detenido el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero y llevado a El Altiplano.
De acuerdo con las investigaciones federales —a partir de las pesquisas que en su momento hizo la anterior Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)—, dichas grabaciones registraron imágenes del escenario ubicado en el Puente del Chipote, donde hace casi 12 años entre 15 y 20 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron interceptados, agredidos y posteriormente desaparecidos.
En estos hechos habrían participado elementos de las policías municipales de Iguala y Huitzuco, así como dos agentes de la desaparecida Policía Federal y dos elementos de la Policía Ministerial del estado de Guerrero.
Videos del Puente del Chipote son clave en el caso Ayotzinapa
La relevancia de los videos desaparecidos radica en que constituían evidencia potencial para reconstruir lo ocurrido en ese punto durante una de las agresiones perpetradas contra los normalistas.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) revelaron a Excélsior que el Ministerio Público federal determinó la detención de Aguirre Rivero —quien gobernó Guerrero entre 2011 y 2014— después de las declaraciones de Leonardo Octavio Vázquez Pérez, exsecretario de Seguridad Pública y Protección Civil.
Vázquez estuvo en la cárcel por los hechos de Iguala —involucrado, además, con el crimen organizado con los Beltrán Leyva—; sin embargo, fue liberado recientemente portando un dispositivo electrónico de localización.
Otra de las personas que aportaron información para relacionar al exgobernador es la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana Marín, a quien recientemente se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria, lo que conduce a deducir que está cooperando con las autoridades federales.
Esto se alinea con lo que reveló la investigación de la anterior CNDH, hecho público el 14 de abril de 2016 a través de su segundo reporte preliminar y reiterado en su recomendación del 28 de noviembre de 2018.
En el apartado 14 de la recomendación de la CNDH, titulado Hechos de Desaparición de un Grupo de Normalistas de Ayotzinapa en el Puente del Chipote de Iguala, se aborda el tema por el cual el exgobernador Aguirre Rivero —quien militó en el PRI y en el PRD— es responsabilizado por la FGR.
En el curso de las investigaciones originales que dieron origen a la recomendación de 2018, la anterior CNDH, aun sin ese material fílmico, descubrió y pudo demostrar lo que ocurrió aquella noche en el Puente del Chipote.
La reconstrucción hecha por la CNDH logró precisar el intercambio oral en el diálogo sostenido entre los policías federales y los municipales de Iguala. De ahí se pudo determinar, entre otras cosas, la llegada y participación de la Policía de Huitzuco en ese escenario y el lugar al que trasladarían a los normalistas (a Huitzuco, sitio al que finalmente ya no fueron llevados y, en su lugar, fueron conducidos al basurero de Cocula, de acuerdo con las propias investigaciones de la CNDH reportadas en la recomendación).
También se pudo conocer, gracias a las investigaciones de la CNDH, la autoría intelectual de los hechos finales de ejecución y desaparición de los normalistas por disposición de un personaje identificado como El Patrón, a cuya disposición se pondría en Huitzuco a ese grupo de estudiantes.
Con base en todas las evidencias recabadas, aquel 14 de abril de 2016 en que se dio a conocer el segundo reporte preliminar, la CNDH presentó un video ilustrativo animado en tercera dimensión que revela cómo ocurrieron los hechos en el escenario del Puente del Chipote.
Lo que documentó la CNDH sobre Ángel Aguirre en el caso Ayotzinapa
En la recomendación de la CNDH se informó que el entonces gobernador de Guerrero se ha referido al caso tanto en su declaración ministerial rendida ante la Procuraduría General de la República el 27 de agosto de 2015 como en pronunciamientos públicos en medios de comunicación.
El exgobernador Aguirre ha señalado que conoció de los hechos de Iguala aproximadamente a las 22:30 horas del 26 de septiembre de 2014, por el secretario de Seguridad Pública y por el secretario general de Gobierno. Sin embargo, contrario a esta afirmación, ambos exfuncionarios declaran que fue el entonces gobernador Ángel Aguirre quien, antes de las 22:00 horas, les hizo saber que estaba enterado de lo que acontecía en Iguala. Jesús Martínez Garnelo, secretario general de Gobierno, indica que ‘aproximadamente a las veintiún horas con cincuenta minutos… me llamó a mi celular el señor gobernador para preguntarme si tenía algún reporte de lo que pasaba en Iguala…’”.
“Leonardo Octavio Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública y Protección Civil, por su lado, dice que ‘… siendo aproximadamente las 22 horas… recibí una llamada… por parte del gobernador del estado de Guerrero… quien me ordenó trasladarme de inmediato a la ciudad de Iguala, ya que estaba enterado de los eventos que se estaban suscitando…’”.
También la CNDH documentó que ante el Ministerio Público de la Federación, el entonces secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, declaró que “… siendo aproximadamente… las 22… horas, recibo una llamada telefónica a mi número celular… proveniente del gobernador Ángel Aguirre Rivero, ordenándome que me trasladara con ambulancia y equipo médico a Iguala, porque había habido una balacera y había muchos heridos…”.
La CNDH estimó que con esas declaraciones se puso en evidencia que el entonces gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero conoció de los hechos de Iguala desde antes de las 21:50 horas; es decir, prácticamente minutos después de que se iniciaran las agresiones en contra de los normalistas de Ayotzinapa y no a las 22:30 horas, como pretendió afirmarlo.
Los investigadores federales indagan las responsabilidades del exgobernador de Guerrero en el caso Ayotzinapa a partir de la información que contiene el apartado 16 de la recomendación del 28 de noviembre de 2018 de la CNDH, relativo a la “Operación del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Iguala, Durante los Hechos Ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Intervención Derivada a Instancias de Seguridad y de Emergencia”.
La Fiscalía: testimonios apuntan a orden para desaparecer evidencias
Durante un mensaje a medios, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, aseguró que el exgobernador de Guerrero dio la instrucción directa de borrar todo el material que se había grabado la noche de la desaparición de los normalistas.
En mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel Aguirre Rivero ordenó, en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala”.
Destacó que el nuevo modelo de investigación implementado por la institución permitió reexaminar de manera integral el expediente del caso, lo que derivó en nuevas líneas de investigación y en la obtención de elementos que, afirmó, vinculan al exmandatario estatal con la destrucción y ocultamiento de pruebas fundamentales para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dijo que en enero de 2026 una persona colaboradora declaró ante la FGR que las videograbaciones sí existían y señaló a quien presuntamente las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel Aguirre Rivero. El testigo también manifestó haber permanecido en silencio debido a amenazas.
La investigación avanzó con un segundo testimonio protegido, rendido en mayo de 2026, en el que se señaló que el entonces gobernador habría instruido, durante una reunión con integrantes de primer nivel de su administración, desaparecer cualquier evidencia relacionada con los acontecimientos registrados en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
La fiscal afirmó que el Ministerio Público federal cuenta con datos de prueba que respaldan esa línea de investigación y que permiten establecer que la orden de ocultamiento fue emitida directamente por el entonces titular del Poder Ejecutivo estatal, con la presunta participación de altos funcionarios de su gobierno.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo estatal”, sostuvo.
Finalmente, la titular de la FGR aseguró que las familias de los 43 estudiantes y la sociedad serán informadas sobre los avances de la investigación conforme lo permita el debido proceso y reiteró que las indagatorias continuarán con rigor técnico y científico. © 2026 Imagen – Excélsior. Todos los derechos reservados. El contenido de este sitio y de la edición impresa está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito. El material de terceros conserva sus propios derechos.
