Ciudad de México.- Somos México enfrentará un reto decisivo en los próximos días luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenó cambiar de nombre, logotipo y color a más tardar el 30 de agosto. Los fundadores del partido alentaron desde 2023 movilizaciones identificadas como la marea rosa, con el lema “el INE no se toca”.
Si bien impugnaron la resolución, ésta deberá cumplirse salvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decida otro rumbo en este caso inusual.
En junio pasado, el consejo general del INE determinó que la denominación “Somos México” no es una expresión neutral, “sino una composición de palabras con carga semántica y pragmática que transmite al electorado una idea de pertenencia o vinculación entre el instituto político y la totalidad de la nación mexicana”.
En cuanto al emblema, el INE dijo que no podía usar las letras MX porque se generaría una confusión en la ciudadanía sobre la identidad, naturaleza jurídica y respaldo institucional de la organización, “ya que induce a creer que cuenta con vinculación o respaldo del Estado mexicano”; asimismo, argumenta que el color (rosa mexicano) es similar al de un partido con registros locales.
Si bien la organización impugnó el acuerdo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, mientras esta no se revise debe acatar la indicación, pues en materia comicial no hay efectos suspensivos.
El caso tocó, por turno aleatorio, al magistrado presidente Gilberto Bátiz y hasta el momento no se prevé la inclusión del asunto en sesión pronta para emitir sentencia.
Abiertos a una auditoría
Frente a voces que solicitan una revisión de su financiamiento y aclarar la participación del ex gobernador Ernesto Ruffo, hoy acusado de encabezar una red de huachicol, la dirigencia del partido se dijo dispuesta a una auditoría.
El ex mandatario, hoy detenido, es consejero del nuevo partido que ayer realizó su primera reunión nacional tras obtener el registro.
Los líderes de esa organización apuntalada por ex altos funcionarios del INE señalaron que la investigación sobre el origen y destino de los recursos utilizados en su proceso de formación debe hacerla una comisión independiente.
