Matamoros, Tamaulipas.- El caso de una niña de once años que estremeció a Matamoros y provocó un pronunciamiento presidencial, derivó en la detención de su padrastro.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas cumplimentó una orden de aprehensión contra Sirenio “N”, señalado por violación equiparada agravada contra la menor.
La captura fue ejecutada por personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y contra Mujeres.
La orden judicial fue emitida por un juez de Control de la Tercera Región Judicial, derivada de las investigaciones realizadas por autoridades ministeriales.
Los hechos investigados ocurrieron dentro de un domicilio localizado en la calle Marte número 13, de la colonia Infonavit Satélite, Matamoros.
De acuerdo con las indagatorias ministeriales, el detenido habría cometido agresiones sexuales contra la víctima, una niña de apenas once años.
El caso adquirió repercusión nacional después de que la menor enfrentara un embarazo que representó un riesgo para su vida y requiriera intervención médica.
La niña recibió atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social de Matamoros, donde fue intervenida debido a las complicaciones asociadas con su embarazo.
La gravedad del caso provocó preocupación social y alcanzó el ámbito nacional, al grado de que la presidenta Claudia Sheinbaum exigió públicamente investigar.
La mandataria mexicana calificó los hechos como un delito y demandó a las autoridades correspondientes perseguirlo hasta garantizar justicia para la menor afectada.
Con la captura de Sirenio “N”, la Fiscalía estatal informó que el imputado quedó inmediatamente a disposición de la autoridad judicial competente.
Será ante esa instancia donde continuará el proceso penal correspondiente y se determinará su situación jurídica conforme a las disposiciones legales aplicables.
La detención representa un avance dentro de la investigación ministerial, mientras las autoridades deberán acreditar ante el juez los elementos que sustentan la acusación.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio la protección institucional de niñas y adolescentes, particularmente frente a delitos sexuales cometidos dentro del entorno familiar.
