Uno de los abusos más groseros cometidos durante los últimos meses del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca fue el reparto de plazas sindicales entre colaboradores y gente cercana a su administración. Aquello terminó convertido prácticamente en un bono de despedida sexenal.
No importaron antigüedades ni derechos adquiridos. Mientras trabajadores con 15 o 20 años de servicio seguían esperando una oportunidad, hubo quienes con apenas unos meses dentro del Gobierno alcanzaron una base sindical. Así de absurdo. Así de injusto.
Lo peor es que semejante atropello difícilmente pudo consumarse sin la complacencia de quienes tenían la obligación de defender a la verdadera base trabajadora. El silencio del sindicato terminó siendo, cuando menos, bastante conveniente.
Por fortuna, al arrancar la administración de Américo Villarreal Anaya se revisaron aquellos movimientos y prácticamente todas las bases irregulares fueron echadas abajo. Desde la Secretaría de Administración, entonces encabezada por Jesús Lavín Verástegui, se dejó claro que las cosas serían diferentes.
El compromiso fue sencillo: las plazas sindicales serían para quienes realmente tuvieran derecho a ellas. Se respetaría la antigüedad, el escalafón y los procedimientos establecidos. Nada de amigos, recomendados ni privilegiados brincándose la fila. Hasta ahí, todo bien.
El problema es que nos llegan versiones de que aquel viejo vicio podría estar regresando. Tenemos información de casos en algunas dependencias de la administración estatal donde las bases estarían entregándose nuevamente de manera discrecional, dejando atrás a trabajadores con muchos más años de servicio.
De confirmarse, sería grave. No solamente porque se estaría atropellando nuevamente el derecho de los trabajadores, sino porque significaría repetir exactamente una de las prácticas que este gobierno cuestionó y corrigió cuando llegó al poder.
La pregunta obligada es: ¿sabe de esto el gobernador Américo Villarreal? Nos resistimos a creer que así sea. Sobre todo porque desde el inicio de su administración ha reiterado públicamente que los derechos laborales deben respetarse y que nadie debe obtener privilegios por encima de quien realmente los merece.
Por eso sería saludable una revisión. Sin escándalos ni cacerías de brujas. Simplemente revisar quiénes han recibido bases sindicales recientemente, cuál era su antigüedad, bajo qué procedimiento fueron autorizadas y quién dio el visto bueno. No parece demasiado pedir.
Y aquí también tiene mucho que explicar el SUTSPET que encabeza Blanca Valles Rodríguez. El sindicato no puede voltear hacia otro lado porque una base sindical no aparece por generación espontánea. Para otorgarla tiene que existir conocimiento y participación sindical.
Si durante el cabecismo estuvo mal regalar plazas a los cercanos, hoy estaría exactamente igual de mal hacerlo. Los abusos no cambian de nombre dependiendo del color del gobierno que los cometa. Y los derechos de los trabajadores tampoco deberían depender de amistades, influencias o recomendaciones.
Veremos si alguien pone atención al tema.
Porque donde se rasque, podrían aparecer cosas interesantes.
EL RESTO
PREGUNTAN LO OBVIO.- El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez, esta anunciando la realización de foros de consulta para que los padres de familia, maestros y los mismos alumnos, digan si se debe o no limitar el uso del celular en el salón de clases.
¿En serio secretario? ¿Se necesita una consulta para saber lo que es obvio? Porque basta el sentido común para saber que el celular en las aulas es un distractor, que termina impactando negativamente en el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Tan fácil que sería prohibir el aparato y ya. Pero una de dos: o la SET se complica las cosas sola o lo único que quiere es hacer show.
ASÍ ANDAN LAS COSAS.
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