Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Doce notarios públicos enfrentan denuncias civiles y penales judicializadas durante el último año en Tamaulipas, principalmente por presuntas irregularidades relacionadas con operaciones patrimoniales sobre bienes inmuebles.
Tania Contreras López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, informó que los expedientes permanecen actualmente en integración como parte de los procedimientos abiertos ante autoridades judiciales.
Los asuntos comenzaron a judicializarse durante la nueva etapa del Poder Judicial del Estado, donde las denuncias presentadas contra fedatarios públicos continúan avanzando conforme a cada procedimiento correspondiente.
La mayor incidencia de estos casos se encuentra localizada en Reynosa y municipios de la zona sur de Tamaulipas, precisó Contreras López al referirse al origen territorial.
Entre las irregularidades denunciadas aparecen principalmente modificaciones patrimoniales que, según los promoventes, fueron realizadas sin corresponder plenamente con su voluntad para transferir determinada propiedad o algún inmueble.
Los procedimientos deberán determinar ahora si las operaciones cuestionadas incurrieron efectivamente en alguna responsabilidad civil o penal atribuible a los notarios involucrados en cada uno de los expedientes.
En otro tema, Contreras López reconoció que los ajustes realizados dentro del Poder Judicial generaron nuevas necesidades de personal, particularmente ante el crecimiento registrado en el número de juzgados.
La presidenta del Tribunal señaló que será necesario llevar el asunto ante el Congreso de Tamaulipas para determinar los mecanismos mediante los cuales podrán incorporarse nuevos juzgadores al sistema.
Una posibilidad contempla recurrir a personas que participaron previamente en el proceso electoral judicial, siempre que el Congreso determine su habilitación para desempeñar las funciones que actualmente permanecen vacantes.
Contreras López confirmó además que hasta ahora se han presentado dos renuncias de juzgadores, ambas notificadas formalmente al Congreso para desarrollar los procedimientos correspondientes y cubrir esas posiciones.
Actualmente, el Poder Judicial necesita tres jueces adicionales en materias civil y laboral para responder al aumento de cargas derivado de los cambios realizados en la estructura jurisdiccional estatal.
Parte de esta demanda surgió después de desaparecer las Juntas de Conciliación y trasladarse funciones hacia el Poder Judicial, aumentando paulatinamente los asuntos laborales que ahora deben ser atendidos.
