Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas no mantiene actualmente ninguna imputación, acusación o investigación contra Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró Andrés Norberto García Repper Favila.
El fiscal especializado rechazó además que la institución estatal sea utilizada para perseguir adversarios políticos y sostuvo que sus investigaciones están sujetas estrictamente al marco jurídico vigente.
“En el caso de Tamaulipas no hay persecuciones por ser incómodo”, afirmó durante una entrevista con Aristegui en Vivo este jueves, al abordar la situación del exgobernador panista.
García Repper, aclaró que los procesos judiciales que actualmente enfrenta Cabeza de Vaca, pertenecen a otra competencia y no fueron promovidos por la Fiscalía Anticorrupción tamaulipeca, expuso como replica, después de l entrevista que la periodista Carmen Aristegui había realizado al ex gobernador de Tamaulipas el miércoles 26 de agosto.
Recordó que asumió como fiscal el pasado 5 de febrero y ante el Congreso se comprometió expresamente a evitar venganzas, persecuciones políticas o acciones contra adversarios.
“No iba a cobrar facturas políticas, ni hacer cacerías de brujas, ni descarrilar carreras”, recordó sobre su comparecencia, destacando que legisladores panistas respaldaron también su designación.
El fiscal reiteró que no existen investigaciones abiertas contra políticos por su condición opositora y ofreció recibir cualquier denuncia que Cabeza de Vaca presente sobre asuntos estatales.
Explicó que frecuentemente existe confusión entre las facultades federales y estatales, particularmente cuando se abordan posibles delitos relacionados con huachicol u otras actividades de competencia federal.
Por ello, insistió en que los asuntos judiciales relacionados actualmente con Cabeza de Vaca, no pertenecen al ámbito de actuación de la Fiscalía Especializada en Combate Anticorrupción.
Sin embargo, García Repper sostuvo que jurídicamente el exmandatario mantiene actualmente la condición de “prófugo de la justicia”, expresión que, puntualizó, corresponde exclusivamente a una categoría jurídica y constitucional.
El fiscal citó el artículo 38 constitucional para explicar que determinados derechos ciudadanos pueden suspenderse cuando existe una orden de aprehensión y una persona permanece sustraída de justicia.
Precisó que, bajo su interpretación jurídica, no resulta indispensable encontrarse fuera del territorio mexicano: bastaría evitar comparecer ante la autoridad judicial que ordenó ejecutar su aprehensión.
Recordó que el Tribunal Electoral analizó esta situación durante 2024, cuando Cabeza de Vaca pretendió convertirse en diputado federal mediante la representación proporcional postulado por Acción Nacional.
Según García Repper, aquella condición representa un impedimento para ejercer derechos político-electorales, incluyendo votar y competir por algún cargo público mientras permanezcan vigentes las circunstancias jurídicas correspondientes.
Aclaró, sin embargo, que tener una orden de aprehensión no necesariamente cancela derechos electorales cuando una persona enfrenta judicialmente su proceso, permanece libre y no está prófuga.
DOBLE NACIONALIDAD, BAJO DEBATE
El fiscal planteó además revisar constitucionalmente la doble nacionalidad para funcionarios de entidades fronterizas, al considerar necesario evitar conflictos entre ciudadanía extranjera, responsabilidades públicas y fuero constitucional.
“O renuncias al fuero, o renuncias a la doble nacionalidad”, resumió García Repper al exponer su postura jurídica sobre quienes pretendan desempeñar responsabilidades públicas de elevada relevancia.
Relacionó directamente su propuesta con Cabeza de Vaca, al señalar que el exgobernador viajó hacia Estados Unidos tres días antes de concluir constitucionalmente su administración en Tamaulipas.
Desde su perspectiva, la combinación entre fuero y doble nacionalidad facilitó aquella salida, circunstancia que consideró suficiente para abrir una discusión nacional sobre nuevos requisitos constitucionales.
García Repper calificó esa circunstancia como un posible “fraude a la Constitución”, aunque aclaró que representa una valoración jurídica personal y no una investigación de Anticorrupción.
De esta manera, separó dos asuntos: la Fiscalía estatal no persigue actualmente a Cabeza de Vaca, pero su situación jurídica federal podría mantener limitadas sus aspiraciones político-electorales futuras.
