Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Hasta ocho años de prisión podrían enfrentar quienes impartan servicios educativos sin autorización oficial, mediante reformas que avanzaron este martes en el Congreso de Tamaulipas.
La Diputación Permanente aprobó por unanimidad dos iniciativas encaminadas a endurecer sanciones contra escuelas irregulares y quienes entreguen documentos académicos carentes de reconocimiento o autenticidad oficial.
Las propuestas fueron promovidas por Yuriria Iturbe Vázquez e Isidro Jesús Vargas Fernández, mientras Francisca Castro Armenta presentó los planteamientos durante la sesión desarrollada por el órgano legislativo.
El objetivo, sostuvo Castro Armenta, consiste en ofrecer mayor seguridad jurídica a estudiantes que pueden resultar afectados patrimonial y académicamente después de contratar servicios educativos carentes de reconocimiento oficial.
La iniciativa de Iturbe Vázquez busca modificar el artículo 418 del Código Penal tamaulipeco para incorporar nuevas conductas relacionadas con documentos académicos dentro del delito de fraude.
La reforma permitiría considerar como fraude expedir, entregar u ofrecer títulos, diplomas o grados académicos cuando esos documentos carezcan de la correspondiente autenticación oficial exigida por las autoridades.
El segundo proyecto, presentado por Vargas Fernández, plantea endurecer directamente las penas para quienes operen instituciones educativas sin contar con autorización o reconocimiento oficial de validez para sus estudios.
Actualmente se propone modificar el artículo 189 Ter del Código Penal para elevar de cuatro hasta ocho años de prisión el castigo correspondiente por prestar irregularmente esos servicios educativos.
La sanción económica también aumentaría hasta alcanzar entre mil y dos mil Unidades de Medida y Actualización, aplicándose individualmente por cada institución educativa que funcione bajo esas condiciones irregulares.
Castro Armenta destacó que ambas propuestas recibieron opiniones favorables tanto de la Secretaría de Educación como de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas durante su revisión técnica previa.
