Los recortes presupuestales parecen sencillos cuando solamente aparecen sobre una hoja contable. El problema comienza cuando esos millones ya estaban comprometidos para necesidades municipales previamente programadas.
Los ajustes son parejos y se aplican en muchos de los 43 Ayuntamientos.
Por ejemplo, Victoria acaba de comprobarlo: durante julio y agosto, dejó de recibir 14 millones de pesos en participaciones, provocando ajustes inmediatos dentro de su administración municipal.
Primero desaparecieron nueve millones durante julio y después otros cinco millones en agosto. Para cualquier Ayuntamiento, perder semejantes cantidades en solamente dos meses representa presión financiera.
Los municipios construyen presupuestos, programan compras, proyectan obras y comprometen servicios considerando ingresos previamente estimados. Cuando ese dinero disminuye repentinamente, alguien termina pagando inevitablemente el ajuste.
En Victoria comenzaron reduciendo materiales y suministros. Papelería, artículos de limpieza y determinados apoyos extraordinarios fueron alcanzados mientras la Tesorería intenta proteger servicios considerados prioritarios.
Puede parecer gasto menor, pero ahí comienza precisamente el problema. Primero desaparecen suministros, después proyectos, mantenimiento u obra, hasta terminar administrando únicamente aquello estrictamente indispensable para sobrevivir.
El municipio explicó que las participaciones dependen de fórmulas federales donde intervienen diferentes variables, incluyendo población. Victoria considera desfavorable actualmente ese mecanismo.
La paradoja resulta evidente. Victoria carga responsabilidades propias de una capital estatal, pero recibe menos participaciones que municipios con poblaciones mayores y capacidades recaudatorias considerablemente más robustas.
Tampoco puede ignorarse la responsabilidad municipal. La propia Tesorería reconoce una nómina elevada que consume parte importante de aproximadamente 60 millones recibidos normalmente mediante participaciones cada mes.
Además, solamente unas 80 mil de aproximadamente 170 mil propiedades registradas han cubierto actualmente el predial. Más de la mitad del padrón continúa todavía pendiente de pago.
Hay una señal positiva: la recaudación alcanzó aproximadamente 65 millones de pesos, nueve millones más que durante el mismo periodo anterior, además de tres mil cuentas adicionales pagadas.
Pero incluso ese avance resulta insuficiente frente a necesidades acumuladas en pavimentación, servicios públicos, infraestructura y equipamiento de Protección Civil que permanentemente demandan recursos adicionales para Victoria.
Precisamente por eso resulta cuestionable someter todavía más a los municipios mediante reducciones inesperadas. Los ayuntamientos terminan tronándose los dedos buscando de dónde obtener aquello que desapareció.
No significa entregar recursos sin controles ni exigir eficiencia. Significa proporcionar certidumbre financiera para que los gobiernos municipales puedan programar responsablemente aquello que previamente presupuestaron durante cada ejercicio.
Eduardo Gattás, ha insistido en crear un Fondo de Capitalidad más amplio. Los recortes recientes terminan proporcionando argumentos adicionales para discutir seriamente un mecanismo especial de financiamiento para Victoria. Hoy ese fondo por cierto, lo maneja el Estado.
Ser capital cuesta. Concentrar oficinas gubernamentales, población flotante, vialidades y demanda extraordinaria de servicios genera obligaciones que difícilmente pueden financiarse únicamente mediante predial, permisos y licencias municipales.
La Tesorería espera recuperar durante septiembre parte de los recursos perdidos. Ojalá suceda. Pero administrar una ciudad no debería depender permanentemente de esperar compensaciones presupuestales posteriores.
Victoria perdió 14 millones en solamente dos meses. Más que una cifra, es una advertencia. Presionar financieramente municipios termina trasladando inevitablemente el recorte hacia servicios ciudadanos, salvo que, al iniciar el proceso electoral, esos recortes sean un arma de presión para algunos alcaldes.
