Ciudad de México.- El Poder Judicial de la Federación “no atiende encargos” ni responde a coyunturas políticas, afirmó Hugo Aguilar Ortiz al defender la autonomía de la institución.
Al presentar el balance del primer año del renovado Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte reconoció que todavía sobreviven resistencias y determinadas prácticas heredadas del modelo anterior.
Frente a representantes de los Poderes del Estado, Aguilar sostuvo que las decisiones judiciales solamente deben obedecer a la Constitución, rechazando cualquier agenda externa dentro de los tribunales.
“Ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en el Poder Judicial”, expresó durante la ceremonia denominada “Primer año de Justicia Real y Verdadera”, celebrada este lunes.
El ministro presidente respondió también a quienes cuestionan la productividad de la nueva Corte y rechazó que exista una parálisis provocada por rezago o ineficiencia institucional.
“No hay rezago, no hay ineficiencia; hay cambio real y verdadero”, afirmó Aguilar al presentar cifras sobre expedientes recibidos, resoluciones emitidas y asuntos heredados por la actual integración.
Durante 43 minutos fue el único orador y presentó resultados correspondientes a cuatro órganos superiores del Poder Judicial, aunque concentró buena parte del balance sobre la Suprema Corte.
Lo acompañaron Néstor Vargas Solano, del Órgano de Administración Judicial; Gilberto Bátiz García, del TEPJF, y Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial.
Claudia Sheinbaum asistió al acto realizado en el área de Murales de la Suprema Corte, acompañada por integrantes del gabinete federal y representantes del Poder Legislativo.
También participaron representantes de comunidades indígenas y organizaciones civiles, además de los titulares de Defensa y Marina, entre otros funcionarios convocados para presenciar el balance institucional.
Aguilar volvió a cuestionar las condiciones recibidas de la anterior integración encabezada por Norma Piña Hernández, describiéndolas como una institución lenta, desordenada y con estadísticas poco confiables.
Frente a ese escenario, destacó la incorporación de registros electrónicos, expedientes digitales, turnos aleatorios, control de tesis y seguimiento en línea para agilizar procedimientos y mejorar la administración.
Según las cifras presentadas, durante el último año ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales y fueron resueltos 13 mil 231, equivalentes aproximadamente al 88 por ciento.
De mil 479 asuntos heredados por la integración anterior permanecen pendientes solamente 44, afirmó Aguilar, quien señaló que algunos expedientes permanecían abiertos desde los años 2014 y 2015.
El ministro defendió además un cambio hacia una justicia “cercana al pueblo” y pluricultural, particularmente mediante criterios relacionados con derechos de comunidades indígenas y sectores históricamente vulnerables.
Mencionó resoluciones sobre autogobierno indígena, administración de recursos, consulta previa, intérpretes, salud, agua, medio ambiente y protección del patrimonio biocultural como parte de esa nueva orientación jurisdiccional.
“Hoy el pueblo también manda en el PJF”, sostuvo Aguilar al explicar una transformación que, según afirmó, pretende acercar las instituciones judiciales hacia sectores tradicionalmente distanciados de ellas.
Para 2027, aseguró, continuará la política de austeridad y confirmó que la Suprema Corte desistió de restablecer el seguro de gastos médicos mayores para sus integrantes.
Sin embargo, durante su exposición no abordó directamente el incremento presupuestal solicitado para el próximo ejercicio, mientras la Corte proyecta pedir 17.2 por ciento nominal adicional respecto de este año.
Aguilar informó además que el Órgano de Administración Judicial recibió del desaparecido Consejo de la Judicatura Federal un déficit presupuestario estimado en 14 mil 466 millones de pesos.
Aseguró que esa presión financiera fue mitigada al cierre de 2025, mientras comenzaron a dirigirse recursos hacia instalaciones judiciales que enfrentaban mayores necesidades operativas y materiales.
La Defensoría Pública abrió 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural y atendió 57 mil 659 solicitudes, cifra superior en 12 mil 258 casos respecto del periodo previo.
A través del programa de preliberaciones, añadió, 22 mil 202 personas recuperaron su libertad, mientras fueron fortalecidas disposiciones sobre carrera judicial, especialización, igualdad y mecanismos alternativos de controversias.
Respecto del Tribunal de Disciplina Judicial, destacó seis visitadurías regionales con cobertura nacional y una oficina de atención ciudadana que, informó, recibió a más de mil 200 personas.
El nuevo esquema disciplinario busca además evaluar cualitativamente el desempeño judicial, dejando de medir exclusivamente resultados mediante el número de expedientes resueltos por juzgadores y demás servidores públicos.
Sobre el TEPJF, informó que su Defensoría Pública Electoral atendió 78 asuntos especializados en violencia política de género y otros 929 mediante servicios gratuitos de orientación jurídica.
Los servicios incluyeron comunidades indígenas, población afromexicana, personas con discapacidad, mexicanos residentes fuera del país y diversidad sexual, mediante asesoría, representación y acompañamiento especializado en materia electoral.
