Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El proceso electoral federal 2026-2027 arranca este jueves bajo presión logística, cuestionamientos políticos y un escenario donde nuevamente existe riesgo de creciente judicialización electoral.
Frida Dennise Gómez Puga, consejera electoral, advirtió que la organización enfrenta un escenario particularmente complejo ante la coincidencia de elecciones constitucionales con la segunda elección judicial.
El proceso contempla renovar las 500 diputaciones federales y más de 19 mil 600 cargos locales, mientras simultáneamente deberán prepararse las actividades correspondientes al proceso judicial.
Para Gómez Puga, hacer coincidir ambas elecciones representa una fuerte presión sobre la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral y de los organismos encargados de organizar comicios.
La consejera advirtió incluso la existencia de aspectos “materialmente imposibles”, debido principalmente a las diferencias legales y operativas que existen entre los dos modelos de elección.
Uno de los principales obstáculos radica en que los partidos políticos pueden intervenir directamente en elecciones constitucionales, pero tienen expresamente prohibida cualquier participación dentro del proceso electoral judicial.
Esta separación obligaría también a diferenciar físicamente espacios de votación y mantener independientes diversas actividades operativas para impedir que ambos procesos terminen interfiriéndose durante su organización.
La logística territorial tendría que duplicarse o incluso triplicarse, explicó Gómez Puga, mientras las boletas correspondientes a cada elección deberán permanecer resguardadas en espacios completamente separados.
A la complejidad operativa se agrega otro frente: la creciente judicialización que durante los últimos seis años ha acompañado diferentes procesos electorales desarrollados tanto nacional como localmente.
Gómez Puga señaló que esta tendencia representa una carga importante para tribunales y organismos electorales estatales, obligados a responder controversias generadas antes, durante y después de elecciones.
Frente a ese escenario, consideró indispensable que partidos y actores políticos asuman responsabilidad directa para mantener una competencia mesurada, pacífica y alejada de confrontaciones que deterioren confianza ciudadana.
La consejera llamó a colocar el bienestar democrático por encima de intereses particulares mediante compromisos éticos, legales y políticos que permitan desarrollar la contienda dentro de condiciones de estabilidad.
También sostuvo que los liderazgos partidistas deben confrontar propuestas e ideologías sin recurrir a ataques personales, discursos de odio o narrativas destinadas únicamente a profundizar la polarización política.
Una elección tranquila, subrayó, no depende exclusivamente de las autoridades electorales, pues requiere corresponsabilidad partidista para competir con madurez y respetar permanentemente las reglas establecidas en la legislación.
Ese compromiso, añadió, deberá mantenerse antes, durante y después de la jornada electoral, procurando que la competencia política no termine afectando la convivencia democrática ni la paz social.
Aunque el INE conserva una estructura operativa profesional para enfrentar la organización electoral, Gómez Puga reconoció que el nuevo ciclo comienza acompañado por cuestionamientos sobre credibilidad institucional.
