Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas tendrá una nueva legislación para resolver controversias constitucionales entre poderes, municipios y organismos públicos, además de invalidar normas contrarias a la Constitución local.
La iniciativa fue presentada por los diputados de Morena Lucero Deosdady Martínez López y Humberto Armando Prieto Herrera ante la Diputación Permanente del Congreso estatal.
El proyecto plantea expedir la Ley de Mecanismos de Control Constitucional para Tamaulipas, integrada por tres títulos, 20 capítulos, 84 artículos y un transitorio.
La nueva legislación establecerá procedimientos específicos para impugnar actos de autoridad, leyes, decretos, reglamentos y disposiciones generales que presuntamente vulneren la Constitución tamaulipeca.
Uno de sus principales efectos será facultar al Supremo Tribunal de Justicia para actuar como Tribunal Constitucional y resolver conflictos entre instituciones públicas estatales.
De aprobarse, los ayuntamientos podrán acudir a esta vía cuando consideren que decisiones del Gobierno estatal o del Congreso invaden atribuciones reconocidas constitucionalmente.
El mecanismo también permitirá resolver controversias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, entre municipios y aquellas relacionadas con organismos constitucionalmente autónomos del estado.
Además, podrán impugnarse leyes, decretos y puntos de acuerdo del Congreso, así como reglamentos emitidos por el Ejecutivo estatal o los propios ayuntamientos.
Para promover acciones de inconstitucionalidad, diputados o regidores deberán reunir el respaldo mínimo de 33 por ciento de quienes integren sus respectivos órganos colegiados.
También podrán promover estos procedimientos el gobernador mediante la Consejería Jurídica, los síndicos municipales, el fiscal general y la presidencia de Derechos Humanos.
En este último caso, la Comisión de Derechos Humanos podrá intervenir cuando considere que alguna norma vulnera derechos reconocidos dentro del marco constitucional estatal.
La invalidez de una disposición con efectos generales requerirá el voto favorable de al menos dos terceras partes de los magistrados integrantes del Tribunal Constitucional.
Si esa mayoría calificada no se alcanza, la acción correspondiente será desestimada y la norma impugnada mantendrá sus efectos jurídicos dentro del ámbito estatal.
La propuesta también fija plazos para presentar demandas, contempla suspensiones de determinados actos y establece mecanismos para exigir el cumplimiento efectivo de las sentencias.
Incluso prevé la intervención del Ministerio Público en los casos señalados expresamente por la ley cuando exista incumplimiento de resoluciones emitidas por el Tribunal.
El objetivo es sustituir la legislación abrogada en enero de 2023 y restablecer un sistema local de control constitucional para resolver conflictos institucionales.
Aunque la Diputación Permanente aprobó el proyecto, todavía deberá pasar por el Pleno del Congreso antes de convertirse formalmente en nueva legislación estatal.
