Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial del Estado será la instancia responsable de resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias que enfrenten a poderes, municipios y organismos autónomos.
El Pleno del Congreso del Estado creó la Ley de Mecanismos de Control Constitucional, que tiene como base dirimir Controversias constitucional o Acciones de Inconstitucionalidad
La nueva Ley de Mecanismos de Control Constitucional fue aprobada durante sesión extraordinaria del Congreso y establecerá procedimientos específicos para atender conflictos de carácter constitucional.
Humberto Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno, sostuvo que esta legislación era necesaria para dar certeza jurídica a autoridades y ciudadanos que recurran ante tribunales.
Explicó que el nuevo ordenamiento permitirá plantear posibles contradicciones entre actos, normas u omisiones y lo establecido en la Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
Prieto Herrera afirmó que contar con mecanismos locales de control constitucional fortalece el federalismo, al permitir que Tamaulipas defienda jurídicamente su propio orden constitucional.
Aclaró que estos instrumentos operarán sin invadir las atribuciones correspondientes al Poder Judicial de la Federación ni los mecanismos previstos en la Constitución federal.
La ley establece que el control constitucional deberá observar independencia judicial, imparcialidad, legalidad, seguridad jurídica, acceso a la justicia, debido proceso y protección de derechos humanos.
También obliga a respetar las competencias constitucionales de los poderes estatales, organismos autónomos y ayuntamientos cuando exista alguna controversia relacionada con sus atribuciones.
“Era necesaria una ley especializada”, sostuvo Prieto Herrera, al considerar que permitirá mayor claridad normativa para autoridades y personas que utilicen estos mecanismos legales.
Añadió que el nuevo ordenamiento fijará las bases, principios y procedimientos necesarios para hacer efectivo el control de constitucionalidad dentro del ámbito estatal.
El dictamen define la acción de inconstitucionalidad como el mecanismo para impugnar normas generales que eventualmente contradigan disposiciones contenidas en la Constitución tamaulipeca.
Podrán cuestionarse normas expedidas por el Congreso, el Poder Ejecutivo y sus dependencias, los ayuntamientos o cualquier organismo constitucional autónomo dentro del estado.
La controversia constitucional permitirá a poderes, municipios y organismos autónomos impugnar actos o disposiciones estatales o municipales cuando consideren invadidas sus competencias legales.
Con la nueva legislación, los ayuntamientos podrán acudir ante el Poder Judicial cuando estimen que decisiones estatales o legislativas afectan atribuciones reconocidas constitucionalmente.
También podrán resolverse diferencias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, conflictos entre municipios y controversias relacionadas con organismos constitucionalmente autónomos de Tamaulipas.
El mecanismo contempla además impugnaciones contra leyes, decretos y puntos de acuerdo del Congreso, así como reglamentos expedidos por el Ejecutivo o ayuntamientos.
Para presentar acciones de inconstitucionalidad, diputados o regidores deberán reunir el respaldo mínimo del 33 por ciento de quienes integren sus respectivos órganos colegiados.
También estarán facultados para promover procedimientos el gobernador mediante la Consejería Jurídica, los síndicos municipales, el fiscal general y la Comisión de Derechos Humanos.
En materia de derechos humanos, el organismo estatal podrá intervenir cuando considere que alguna norma vulnera garantías reconocidas dentro del marco constitucional de Tamaulipas.
