Criticar a un gobierno adversario es sencillo.
Lo difícil —y políticamente mucho más útil— es señalar aquello que consideramos incorrecto cuando ocurre dentro de un gobierno con el que existen coincidencias.
Porque la autocrítica no debilita a un movimiento, Lo debilita la ausencia de autocrítica.
Si quienes simpatizamos con las transformaciones emprendidas por el actual gobierno callamos frente a sus contradicciones por temor a proporcionar argumentos a los adversarios, terminaremos convirtiendo la lealtad en complicidad y la política en aplauso irracional.
Por eso debemos hablar de algo aparentemente pequeño, pero profundamente político: ¿a quién recibe personalmente la Presidenta de la República y a quién no?
El caso Elvis Guerra
Elvis Guerra forma parte del grupo de artesanas y creadores de Juchitán, Oaxaca que participó en el bordado del atuendo utilizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la ceremonia del Grito de Independencia del pasado 15 de septiembre.
Días después, Elvis denunció amenazas, extorsiones y un ataque armado contra su vivienda en Juchitán.
La situación era grave y solicitó públicamente ayuda.
La Presidenta se comunicó personalmente y posteriormente le recibió en Palacio Nacional junto con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Claro, hicieron bien en atenderle.
Una persona amenazada por la delincuencia merece protección del Estado.
La pregunta es si millones de mexicanos reciben la misma atención.
Ese es el verdadero problema.
Sería profundamente injusto convertir a Elvis Guerra en objeto de esta crítica.
él es víctima, la pregunta es :
¿Qué condiciones debe reunir una persona para ser recibida personalmente por la titular del Poder Ejecutivo?
¿La gravedad de su problema? ¿La cantidad de personas representadas? ¿El impacto social de la demanda? ¿La urgencia? ¿La imposibilidad de resolverla en otra instancia? ¿O influye también haber establecido previamente algún vínculo con la Presidencia?
La respuesta importa porque el acceso al poder también comunica.
Cuando una persona que recientemente colaboró en una actividad directamente relacionada con la Presidenta consigue, ante una situación grave, una llamada y posteriormente una reunión personal, mientras organizaciones sociales que representan a cientos o miles de personas son canalizadas hacia secretarías, subsecretarías, mesas técnicas o funcionarios intermedios, aparece inevitablemente una percepción de trato diferenciado. , el favoritismo también erosiona la confianza pública.
México está lleno de personas que presentan problemas tan graves como el de Elvis Guerra por mencionar sólo algunas Madres buscadoras,
comunidades desplazadas por la violencia, trabajadores despedidos, campesinos despojados, víctimas de extorsión.,
Algunos llevan meses, otros, años y han enviado oficios, hecho marchas, plantones , solicitado audiencias y frecuentemente la respuesta institucional es:
“Los atenderá Gobernación”. “Los recibirá el secretario”. “Se instalará una mesa”.
“Lo revisará la dependencia correspondiente”. Resulta comprensible, en un pais de mas de 130 millones, que la presidenta no puede recibir
personalmente a toda persona que solicite una audiencia.
Eso sería materialmente imposible.
Pero precisamente por eso, el criterio para decidir a quién sí se recibe debe ser transparente, objetivo y defendible públicamente.
Por eso las audiencias presidenciales no pueden quedar reguladas solamente a relaciones circunstanciales, conocimiento previo, exposición mediática o capacidad para hacer llegar personalmente un mensaje.
Porque entonces aparece una desigualdad profundamente contradictoria con un gobierno que proclama:
“Por el bien de todos, primero los pobres”.
Los pobres son precisamente quienes tienen menos posibilidades de llegar hasta las puertas donde se toman las decisiones, pues no tienen relaciones, tampoco asesores, ni acceso mediático, menos conocen funcionarios ,es mas desconocen por lo general a quien dirigir un oficio.
Y entonces aparece la triste realidad : Quien más necesita al Estado es quien tiene mayores dificultades para llegar hasta él.
Propongo algo sencillo.
Que exista un mecanismo público de audiencias presidenciales.
Que periódicamente la Presidenta reciba directamente a representantes de movimientos sociales, víctimas, trabajadores, comunidades campesinas, pueblos indígenas, organizaciones populares y ciudadanos cuyos casos posean relevancia nacional.
Y que sepamos por qué fueron seleccionados,
gravedad, urgencia, impacto social, violacion a derechos humanos o agotamiento de instancias administrativas.
Entonces la audiencia presidencial dejaría de ser privilegio y funcionaría como institución democrática.
Sin importa si la persona es conocida o desconocida, si aparece en televisión, o si alguna vez colaboró con la Presidenta.
Importaría la causa.
No podemos regresar al derecho de picaporte, México conoce demasiado bien esa vieja forma de ejercer el poder, quien conocía al gobernador o al presidente o al secretario resolvían,
Quien podía entrar al despacho tenía influencia. los demás esperaban afuera.
Esa es la cultura política del viejo régimen que precisamente pretendemos transformar.
Una transformación auténtica no consiste solamente en cambiar quién ocupa Palacio Nacional.
Consiste también en cambiar cómo se accede al poder que habita en Palacio Nacional.
Escribo esto desde una posición de coincidencia con muchas de las políticas sociales y principios defendidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Precisamente por eso lo escribo.
Porque defender un proyecto no significa justificar cualquier decisión, la derecha hará sus críticas algunas serán interesadas, otras falsas, hasta francamente oportunistas.
Pero eso no puede llevarnos al extremo de considerar cualquier cuestionamiento como traición, necesitamos recuperar una acción que nunca se debió abandonar: la autocrítica.
La autocrítica no destruye corrige y evita que nosotros mismos fabriquemos nuestros errores.
Por eso la pregunta no debe ser por qué recibió Claudia Sheinbaum a Elvis Guerra.
Repito: hizo bien en recibirle.
La pregunta es mucho más profunda:
¿qué debemos construir para que la atención del Estado no dependa de qué tan conocido sea el rostro de la víctima, de cuánto espacio consiga en los medios o de qué tan cerca haya estado previamente del poder?
Porque en una democracia popular no debería importar quién conoce a la Presidenta.
Debería importar qué derecho está siendo vulnerado, cuántas personas están siendo afectadas y qué tan urgente es que intervenga el Estado.
