Madrid. Desde la camilla del hospital Gregorio Marañón, con el rostro abatido por el cansancio pero la mirada firme, la octogenaria Maricarmen Abascal, que fue lanzada de su vivienda el pasado miércoles por un fondo buitre, dio sus palabras declaraciones desde que evacuada en camilla de la fue su casa durante 70 años:
“No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando”.
Y desde ahí pidió a la sociedad que se levante y que acuda en masa a la movilización masiva convocada para este sábado en varias ciudades españolas por parte del Sindicato de Inquilinas, la plataforma ciudadano que lucha por la congelación de los precios del alquiler, la expropiación de viviendas de los llamados “fondos buitres” y una regulación legislativa para proteger a los hogares del mercado y la especulación.
El pasado miércoles Maricarmen Abascal fue lanzada de la que fue su hogar durante 70 años, donde vivían gracias a un contrato de alquiler de “renta antigua”, es decir con el precio congelado y por el que sólo pagaba 500 euros (10 mil pesos) mensuales. Un precio excepcionalmente bajo para el tipo de vivienda, un departamento de más de 150 metros cuadrados en el barrio del Retiro de Madrid, uno de los más caros de la ciudad. Su casa, como el resto de departamentos del edifico, los compró el fondo buitre Urbagestión, que le presentó una propuesta de incremento de la renta de cinco veces más de lo que pagaba, es decir de 2700 euros (54 mil pesos). Después de un largo litigio judicial, que inició en el año 2020, en el que intervinieron varias instancias judicial y que culminó con una sentencia en firme por parte del Tribunal Supremo.
El lanzamiento, de una mujer de 87 años que fue evacuada en camilla y con crisis de ansiedad, provocó un enorme malestar social, que se tradujo en una primera protesta masiva el mismo miércoles pasado por la tarde, en la que se responsabilizó de la situación a las administraciones públicas, desde el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, gobernadas por la derecha del Partido Popular, como al gobierno central, presidido por una coalición de izquierdas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar.
Y ante la protesta de este sábado, en la que se exige un cambio radical en la política de vivienda, convertido en los últimos en el principal problema de la sociedad española, Maricarmen Abascal decidió dar sus primeras declaraciones públicas desde la cama del hospital para llamar a la gente a protestar y a llenar las calles de todas las ciudades el país. “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás pero eso no significa que yo no vaya a seguir luchando”, aseguró, además de dar las gracias “a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder quedarme en mi casa. No ha podido ser pero por favor sigan luchando”, aseguró.
El gobierno, presidido por el socialista Pedro Sánchez, tiene abierta una negociación de urgencia con el resto de grupos parlamentarios para aprobar un decreto de ley que impida este tipo de lanzamientos, pero aún tiene que amarrar los apoyos suficientes, más aún después de que en abril pasado su iniciativa fue rechazada en el Parlamento por los votos en contra de la derecha del Partido Popular (PP), la extrema derecha de Vox y los conservadores nacionalistas catalanes de Junts per Catalunya (JxCat). Dentro del propio gobierno hay una parte, la que encabeza Sumar, que además de la aprobación de este decreto exige la expropiación del edificio entero del que fue lanzada Maricarmen y también la reclaman para este mismo martes, que se verá finalmente hasta donde llegaron las negociaciones.
