Escribo esta colaboración en espera de un informe anunciado desde la Presidencia de la República para hacerse público “antes del 26 de septiembre” y ahora la misma voz se le ubicó para el lunes 28 de septiembre. Cuando estas líneas se publiquen, ya se conocerá, suponemos, el referido informe y si como se ha reiterado, en su contenido se abordarán “nuevas líneas de investigación”. Conviene detenernos en la explicación que dio la titular del Ejecutivo federal. “Será el lunes porque el viernes hay muchas actividades y el sábado es la marcha de los normalistas por los 12 años de Ayotzinapa”. ¿Qué se está mostrando? Insensibilidad por decir lo menos y bien podemos irnos a revisar la trayectoria de un discurso que se siente autorizado para ello. Las madres y los padres siguen reiterando, durante 12 años, la exigencia de conocer el paradero de sus hijos.
Con el dolor a cuestas han resistido y han aprendido que en los hechos las previas o las nuevas líneas de investigación no les acercan a la respuesta clara a la pregunta básica ¿Dónde están?
Es evidente que estamos ante un caso que toca a la estructura de la justicia en nuestro país y en consecuencia a la impunidad. Tenemos otros ejemplos, el del movimiento estudiantil de 1968 que sufrió una masacre el 2 de octubre de ese año y sigue en la lógica de numeralia. Un año más sin esclarecimiento ni castigo a los culpables. También el Estado ha callado ante el incumplimiento de la ley para el diálogo, la negociación y la paz digna en Chiapas de 1995 y todo lo que generó el incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, de parte oficial mejor que el diálogo esté suspendido desde septiembre de 1996.
Vamos a ver cual es la reacción del gobierno federal ante la presencia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la Ciudad de México durante el próximo mes de diciembre para acompañar a los colectivos de madres buscadoras. Menciono sólo esos ejemplos para dar cuenta de que las asignaturas pendientes en nuestra historia trascienden a los sexenios, aún los que como los de la llamada Cuarta Transformación que iniciaron en 2018 y siguen con un segundo periodo.
Regresando al aniversario 12 de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, encontramos en esos años una compleja trayectoria de la investigación. Con impactos fuertes como la conocida como “verdad histórica”y la participación del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) que realizaron un muy acucioso seguimiento del caso que tradujeron en informes y los dieron a conocer públicamente como es el desmontaje de la llamada verdad histórica y la insuficiente información del Ejército sobre la llamada “noche de Iguala”. Sus resultados no fueron reconocidos por el gobierno, lo que motivó su salida del país. En cambio, las madres y los padres de los 43 estudiantes les reconocen su trabajo y piden su retorno sin éxito por mas declaraciones oficiales, pasan de decir el GIEI ya no existe a plantear que les buscarán para el retorno, que ya lo han hecho, pero no todos muestran interés, etcétera. Lo cierto es que los informes no tienen fuerza vinculante y no se ha logrado la judicialización plena.
Habrá que destacar que la marcha del pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México tuvo una amplia participación de sectores sociales, muchos estudiantiles, que acompañaron a los familiares y les respaldaron en el eje de “hasta encontrarlos”. En estas recientes jornadas de lucha fueron recibidos por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, a quien solicitaron que esa instancia atraiga y resuelva amparos que están en curso, por lo que él les ofreció dar seguimiento y contactarlos con la ministra que tiene uno de los proyectos.
Cabe destacar que uno de los factores “nuevos” en la investigación es la reciente detención del ex gobernador de Guerrero, hoy vinculado a proceso y en prisión preventiva, acusado de ordenar la destrucción de dos videos que contenían evidencias sobre los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014.
No sabemos aún si lo consideran nueva línea de investigación en el informe del 28 de septiembre de este año, lo que de entrada nos muestra que durante 12 años podría haberse considerado prioritaria su participación y pese que él renunció a su cargo las semanas próximas al 26 de septiembre de 2014, es hasta ahora y con el testimonio de dos colaboradoras del Poder Judicial en Guerrero que el Estado apunta a su responsabilidad pese a que los familiares desde un inicio hicieron la propuesta de que se le investigara. Entre los vacíos de fondo está el de la participación del Ejército en la noche de Iguala, como se le conoce al 26 de septiembre de 2014. La reciente recomendación de la CNDH buscó eximirlo de responsabilidad. Son muchos los cabos sueltos en una investigación que hasta hoy no concluye con la demanda central de los familiares de los 43 estudiantes “queremos saber dónde están”.
