Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La ANPAF cuestionó que las restricciones sobre celulares escolares alcancen principalmente a estudiantes mientras los maestros continúan utilizando dispositivos frente a grupo.
Alejandro Águila Argüelles, presidente nacional de la organización, consideró positiva la regulación, pero pidió aplicar criterios semejantes al personal docente dentro de las escuelas.
El dirigente sostuvo que los estudiantes observan cuando sus maestros utilizan teléfonos durante clases, atienden llamadas o abandonan momentáneamente el salón para responder mensajes.
“Eso lo ven los niños y reclaman: ¿por qué ellos sí y nosotros no?”, expresó al cuestionar lo que consideró una aplicación desigual.
La medida entrará oficialmente en vigor el próximo 3 de noviembre y establecerá restricciones al uso de dispositivos móviles dentro de los planteles educativos.
Águila afirmó que la eficacia de la disposición dependerá también del comportamiento docente, porque los maestros representan referentes directos de disciplina ante sus alumnos.
“No basta con restringir a los alumnos, también debe haber reglas claras para los profesores”, sostuvo al reclamar lineamientos aplicables también al personal educativo.
La ANPAF cuestionó además haber quedado fuera de las consultas y foros que, según autoridades, antecedieron a la construcción de la nueva regulación.
Águila sostuvo que su organización cuenta con reconocimiento legal ante la SEP, pero no fue convocada para expresar la posición de padres de familia.
“No nos invitaron; ni a los miembros de mesas directivas de escuelas”, afirmó al señalar que tampoco participaron representantes directos de comunidades escolares.
El dirigente consideró que la determinación se tomó principalmente entre autoridades educativas, la CONAEDU, la CONAGO y gobiernos estatales donde ya existían restricciones similares.
Señaló que alrededor de 16 entidades habían comenzado previamente a aplicar medidas relacionadas con teléfonos celulares antes de formalizarse el acuerdo nacional.
Águila insistió en que excluir a padres y comunidades escolares de la discusión reduce legitimidad a una medida que modificará directamente la convivencia cotidiana.
