Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó esta tarde la nueva ley de economía digital para pagos digitales y electrónicos, que tiene como objeto comenzar a eliminar el pago en efectivo de servicios y consumo, que iniciará con el cobro de peaje y gasolinas únicamente con tarjeta o aplicaciones en teléfono móvil.
En una discusión que se alargó más de cuatro horas, el pleno avaló la iniciativa presidencial con 327 votos en favor de Morena y sus aliados, y 122 en contra de la oposición y se envió al Senado para su ratificación.
El dictamen avaló que sea decisión de la Secretaría de Hacienda definir en qué otras “actividades relevantes” ya no se admitirán transacciones con dinero en efectivo, decisión que fue cuestionada por la oposición.
Desde la tribuna, al explicar el alcance de la ley, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano (Morena), expuso que uno de los elementos más relevantes de la ley es “promover una mayor utilización de medios de pago digitales, que permitan reducir costos de transacción, aumentar la eficiencia económica y facilitar la participación de personas y empresas en la actividad productiva”.
También explicó que se incluye la CURP digital como método de identidad para la contratación digital de servicios financieros y que los usuarios podrán utilizarla ante los bancos como mecanismo de identificación oficial, para la contratación de servicios financieros.
Detalló que la ley prevé como métodos de pago el uso de transferencias electrónicas, tarjetas bancarias, códigos QR, tecnologías NFC y otras herramientas digitales de pago reconocidos por las autoridades financieras.
No obstante, la oposición resaltó que la ley será inaplicable en las regiones donde no hay servicio de Internet y en el sector del comercio informal, además de que el costo de la digitalización y las comisiones bancarias se trasladarán a los comercios y a los consumidores.
El panista Homero Niño de Rivera señaló que su bancada no está en contra de las nuevas tecnologías y los pagos digitales, sino en la manera en que se plantea su aplicación.
“Dicen que los sectores estratégicos que se definan serán los obligados a pagos digitales, pero no se precisan los criterios. Lo que pretenden que votemos es darle manga ancha a la Secretaría de Hacienda para que, sin criterios definidos, decida en cualquier momento ampliar y definir los sectores estratégicos y actividades relevantes”, indicó.
A su vez, el priísta Emilio Suárez Licona expuso que “se requiere mucho más que lo establecido en este dictamen para resolver el grave problema de informalidad, en una sociedad en la que el 55 por ciento de la población económicamente activa trabaja en el sector informal”.
La ley, insistió, no va acompañada de otras medidas para combatir el comercio informal y expuso que el proceso de adaptación para los pequeños negocios será insuficiente.
“Debemos considerar que 95 por ciento de las unidades económicas son microempresas en donde laboran hasta 10 trabajadores; se requiere claramente una estrategia de transición que no está en esta propuesta, aun cuando las micro, pequeñas y medianas empresas son la piedra angular de México, aportan más del 52 por ciento al PIB y generan 68 por ciento de los empleos”, manifestó.
