Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las cárceles de Tamaulipas volvieron a reprobar la evaluación nacional de derechos humanos, al obtener una calificación general de apenas 5.93 puntos.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, documentó deficiencias en seguridad, servicios y gobernabilidad.
De los cinco Centros de Ejecución de Sanciones evaluados, tres quedaron por debajo de seis puntos y únicamente dos consiguieron calificaciones aprobatorias.
Matamoros presentó el resultado más bajo, con 5.04; Reynosa obtuvo 5.20 y Ciudad Victoria alcanzó solamente 5.26 puntos en la supervisión correspondiente.
Las evaluaciones más altas correspondieron a Nuevo Laredo, con 7.12, y Altamira, con 7.01, aunque ambos establecimientos también presentaron irregularidades.
En Matamoros, los visitadores documentaron problemas de atención médica, alimentación, higiene y mecanismos destinados a prevenir incidentes violentos dentro de las instalaciones penitenciarias.
También detectaron posibles actividades ilícitas, insuficiencia de custodios y deficiencias en los procedimientos disciplinarios aplicados a las personas privadas de la libertad.
El diagnóstico de Reynosa identificó condiciones de autogobierno o cogobierno, relacionadas con funciones de autoridad ejercidas por internos en lugar del personal responsable.
A esas irregularidades se sumaron actividades ilícitas, carencias médicas y alimentarias, falta de custodios y atención insuficiente para personas en situación de vulnerabilidad.
En el penal de Ciudad Victoria se reportaron deficiencias en servicios de salud, instalaciones médicas, alimentación, limpieza y medidas para prevenir violaciones a derechos humanos.
La CNDH también señaló actividades ilícitas, insuficiencia de vigilancia y problemas para mantener separados a internos procesados y sentenciados conforme a sus condiciones jurídicas.
Nuevo Laredo y Altamira consiguieron aprobar, pero mantuvieron observaciones relacionadas con personal de custodia, condiciones materiales y programas destinados a facilitar la reinserción social.
El resultado coloca a Tamaulipas dentro de un panorama penitenciario nacional donde también persisten deficiencias estructurales en seguridad, operación y respeto a derechos fundamentales.
De las 32 entidades evaluadas, 23 obtuvieron resultados inferiores a seis puntos y ninguna consiguió superar la barrera de ocho, según el diagnóstico nacional.
Nuevo León registró la calificación estatal más alta, con 7.02 puntos, mientras Baja California Sur ocupó el extremo inferior de la evaluación, con 4.37.
El organismo también reportó dificultades extraordinarias en Sinaloa, donde la violencia del crimen organizado impidió supervisar dos centros por riesgos para sus visitadores.
