El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump impuso sanciones a la Corte Penal Internacional, horas después de que Navi Pillay, una de sus ex jueces, ganara el Premio Nobel de la Paz , lo que puso a Washington en rumbo de colisión diplomática con sus aliados europeos. La fiscal adjunta de la CPI, Nazhat Shameem Khan, condenó las sanciones y afirmó que no detendrían el trabajo del tribunal.
La administración Trump ha mostrado desde hace tiempo una actitud hostil hacia el tribunal y ya ha impuesto sanciones a sus fiscales y jueces. La medida de este viernes iría mucho más allá, al poder castigar potencialmente a las empresas que prestan servicios al propio tribunal.
“El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadunidenses”, declaró el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado revisado por Reuters antes del anuncio oficial.
“Por eso, hoy Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional. Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad de operar”.
El fiscal adjunto de la CPI, Khan, declaró a Reuters que las sanciones “deben ser condenadas”.”Las sanciones pretenden socavar el estado de derecho a nivel internacional y la labor que realiza una institución judicial independiente”, declaró Khan. “Nuestro trabajo continuará en todas las situaciones, investigaciones y procesos judiciales”.
Rubio afirmó que las sanciones se habían estructurado para dar al tribunal y a sus Estados miembros la oportunidad de abordar las preocupaciones de Estados Unidos. No proporcionó más detalles, pero un alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el Tesoro de Estados Unidos emitiría una serie de licencias “para proteger los intereses estadunidenses”, en una aparente referencia a exenciones temporales a algunas sanciones.
Las sanciones estadunidenses suelen prohibir a todas las empresas con sede en EU cualquier tipo de colaboración con una organización sancionada, lo que obliga a los bancos a cerrar cuentas, a las aseguradoras a poner fin a la cobertura y a las empresas de software a cesar la cooperación. La administración Trump ya había impuesto sanciones selectivas a funcionarios judiciales durante su primer mandato, las cuales fueron revocadas por el presidente Joe Biden. Washington anunció nuevas sanciones pocos días después de que Trump regresara al cargo en enero de 2025.
En su declaración, Rubio afirmó que Estados Unidos había retrasado sus sanciones con la esperanza de que la CPI y los países signatarios de su Estatuto de Roma abordaran las preocupaciones estadunidenses, pero no lo habían hecho.
“Hemos estructurado esta acción para brindar a los Estados Partes la oportunidad de negociar y presentar una solución que aborde nuestras preocupaciones. Si estos esfuerzos no dan fruto, seguiremos adaptándonos en consecuencia. O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI. Esperamos que nuestros aliados, muchos de los cuales forman parte de la CPI y dependen de militares estadounidenses para su defensa, pongan freno a la corte”, dijo Rubio.
¿Respuesta de EU al Nobel de la Paz?
Navi Pillay, la jurista sudafricana que ganó el Premio Nobel de la Paz el viernes por su labor en el ámbito de la justicia penal internacional, fue jueza de la Sala de Apelaciones de la CPI entre 2003 y 2008. En su comunicado, el comité del premio afirmó que buscaba “lanzar un recordatorio” en un momento en que “los jueces y las instituciones del derecho internacional están siendo objeto de ataques políticos”.
“Un sistema jurídico internacional en el que los criminales de guerra rindan cuentas y las víctimas de abusos vean que se hace justicia es una condición previa para un mundo pacífico”, afirmó el comité.
Washington lleva mucho tiempo indignado por las órdenes de arresto emitidas por la CPI contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, y por una investigación anterior sobre las acciones de soldados estadounidenses en Afganistán, que la CPI ya ha cerrado.
El tribunal, fundado en 2002 para enjuiciar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio , cuenta con 125 países como Estados miembros, incluidos todos los países de la UE y todos los miembros de la alianza de la OTAN, a excepción de Estados Unidos y Turquía. En el pasado, ha recibido un fuerte respaldo público de los países miembros, incluidos importantes aliados de Estados Unidos, y tiene su sede en los Países Bajos, miembro de la UE y de la OTAN.
