Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las amenazas contra la consejera del INE, Frida Denisse Gómez Puga, provocaron un nuevo pronunciamiento en Tamaulipas en defensa de la independencia electoral.
Marcia Laura Garza Robles, consejera del IETAM, condenó las intimidaciones denunciadas contra Gómez Puga y su familia, al considerar que vulneran el ejercicio institucional democrático.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación sostuvo que ninguna autoridad electoral debe enfrentar presiones o amenazas por decisiones técnicas.
Advirtió que las controversias sobre acuerdos electorales deben resolverse mediante argumentos jurídicos y procedimientos institucionales, sin comprometer la integridad personal de quienes participan.
Las amenazas surgieron en medio de la polémica por una propuesta relacionada con el tratamiento de las denominadas boletas planchadas durante los procesos electorales.
El planteamiento presentado ante el Consejo General del INE generó acusaciones políticas sobre posibles irregularidades, antes de que el Tribunal Electoral revocara el acuerdo correspondiente.
Garza Robles consideró que buena parte del debate público descontextualizó la propuesta y atribuyó a Gómez Puga posiciones diferentes de las que realmente había expuesto.
Según explicó, la consejera no planteó reconocer automáticamente la validez de boletas sin dobleces, sino precisar qué autoridad debía resolver los casos detectados.
“Ella jamás dijo que sean válidas”, afirmó al rechazar interpretaciones que, desde su perspectiva, modificaron el sentido del planteamiento original presentado ante el Consejo General.
La integrante del IETAM lamentó que algunas críticas se construyeran mediante frases aisladas, sin revisar integralmente los argumentos expuestos durante la discusión del proyecto.
Sostuvo que las decisiones electorales requieren análisis completos y conocimiento de los procedimientos legales, especialmente cuando generan controversias entre autoridades y distintas fuerzas políticas.
Garza Robles insistió en que ninguna diferencia jurídica justifica intimidaciones contra funcionarios públicos y mucho menos amenazas dirigidas hacia integrantes de sus familias.
Consideró indispensable garantizar condiciones de seguridad para que las consejerías electorales puedan pronunciarse libremente, sin temor a represalias derivadas de sus determinaciones institucionales.
“Para poder lograr una democracia realmente funcional lo que se ocupa son autoridades que tengan seguridad, que tengan independencia”, expresó al defender la autonomía electoral.
