Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación respaldó la prohibición de vender comida chatarra en instituciones educativas, incluidas universidades públicas y privadas.
Por unanimidad, los ministros rechazaron los argumentos empresariales que pretendían excluir a estudiantes mayores de edad de las restricciones alimentarias establecidas para centros escolares.
La resolución establece que el derecho constitucional a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad corresponde a todas las personas, independientemente de su edad.
El fallo derivó de un juicio de amparo promovido por Eric Kayser México, empresa vinculada con la cadena francesa de panaderías Maison Kayser, contra estas disposiciones.
El Pleno aprobó el proyecto presentado por la ministra María Estela Ríos González, que reconoció las facultades gubernamentales para regular alimentos comercializados dentro de escuelas.
La empresa argumentó que los universitarios, al ser adultos, tienen capacidad para decidir libremente qué alimentos consumir, sin restricciones impuestas por las autoridades educativas nacionales.
Sin embargo, la Corte desestimó ese planteamiento al considerar que la protección del derecho a la salud no termina cuando los estudiantes cumplen dieciocho años.
El ministro Giovanni Figueroa sostuvo que las empresas equivocan su interpretación constitucional al considerar que solamente existe obligación gubernamental de proteger la alimentación de menores.
“La ley fundamental reconoce el derecho de toda persona a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, expresó al explicar el alcance de esta garantía constitucional.
Con esta decisión, los ministros respaldaron las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública para establecer reglas sobre preparación, distribución y comercialización de alimentos escolares.
Estas facultades están contempladas en los artículos 75 y 75 Bis de la Ley General de Educación, modificados mediante una reforma aprobada en diciembre de 2023.
La regulación también se sustenta en los lineamientos publicados el 30 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación para establecimientos educativos nacionales.
De esta manera, las restricciones sobre alimentos y bebidas que incumplan los criterios oficiales de alimentación saludable también alcanzan a las instituciones de educación superior.
La resolución representa un revés judicial para las empresas que cuestionaron las medidas, bajo el argumento de que las universidades deben quedar fuera de estas restricciones.
