Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas autorizó 12 millones de pesos para apoyar a 41 centros de rehabilitación de adicciones, mientras otros 53 permanecen pendientes de certificación.
El programa contempla entregar hasta 300 mil pesos a cada establecimiento certificado, recursos destinados a fortalecer sus condiciones de operación y mejorar la atención.
Los centros beneficiados se encuentran distribuidos en diez municipios, donde el Gobierno estatal inició una estrategia para regularizar establecimientos conocidos popularmente como anexos.
Las acciones comprenden Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Ciudad Victoria, Tampico, Altamira, Ciudad Madero, El Mante y Tula, donde operan los centros incluidos.
Durante un evento realizado en el Polyforum de Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la entrega de certificados correspondientes a esta primera etapa.
La regularización busca que los establecimientos cumplan disposiciones sanitarias, administrativas y de Protección Civil, además de fortalecer los mecanismos de supervisión y atención profesional.
El secretario de Salud, Ricardo Guerrero Morales, explicó que catorce dependencias participan en esta estrategia, diseñada para identificar deficiencias y acompañar la transformación institucional.
El diagnóstico permitió localizar casi un centenar de centros de rehabilitación en Tamaulipas, de los cuales 41 completaron satisfactoriamente la primera fase de certificación.
Los otros 53 establecimientos identificados permanecen pendientes de obtener su certificación, lo que representa un desafío para ampliar la regularización hacia todos los centros.
Guerrero Morales, señaló que el procedimiento permitió detectar áreas de oportunidad, revisar condiciones de funcionamiento y establecer acciones correctivas para mejorar los servicios disponibles.
La intervención gubernamental incorpora evaluaciones sanitarias, sociales, administrativas y de seguridad, mediante un esquema de colaboración entre distintas dependencias de la administración estatal.
El objetivo es que las personas atendidas reciban servicios adecuados, bajo criterios de trato digno, seguridad y cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
El gobernador Américo Villarreal Anaya, confirmó que esta primera etapa contará con 12 millones de pesos y manifestó su intención de mantener el acompañamiento a los establecimientos participantes.
El mandatario sostuvo que fortalecer los centros permite atender una problemática social relacionada con las adicciones y ampliar las oportunidades de rehabilitación y reintegración comunitaria.
Durante su intervención, reconoció la participación de servidores públicos y responsables de estos espacios, al considerar necesaria una atención coordinada frente al problema.
También planteó que la rehabilitación debe ofrecer alternativas para recuperar proyectos de vida y favorecer el regreso de las personas a su entorno familiar y social.
La presencia de autoridades federales permitió conocer que este modelo de regularización podría extenderse al resto del país durante 2027, según anunció la COFEPRIS.
Carlos Alberto Aguilar Acosta, comisionado de Operación Sanitaria del organismo federal, informó que la estrategia tamaulipeca servirá como referencia para su implementación nacional.
El funcionario explicó que el esquema combina coordinación institucional, criterios técnicos y atención social, elementos que consideró indispensables para mejorar las condiciones de rehabilitación.
Aguilar Acosta, sostuvo que los certificados no deben entenderse únicamente como documentos administrativos, sino como parte de un proceso de profesionalización de los establecimientos.
Desde su perspectiva, la certificación representa avances hacia servicios con mayor calidad humana, acompañamiento adecuado y mejores condiciones de atención para quienes enfrentan adicciones.
COEPRIS detecta 53 anexos pendientes de certificación
De los 94 centros de rehabilitación de adicciones identificados en Tamaulipas, solamente 41 cuentan con certificación; los otros 53 continúan en regularización.
Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, titular de COEPRIS, informó que desde febrero comenzaron las inspecciones para revisar requisitos sanitarios, registros fiscales y documentos constitutivos de los establecimientos.
El funcionario explicó que inicialmente tenían identificados 50 anexos, pero el diagnóstico elevó la cifra a 94, por lo que ampliaron los trabajos de supervisión.
Los 53 centros pendientes reciben asesoría para elaborar estatutos orgánicos y completar registros ante Hacienda y COFEPRIS, con apoyo notarial para cumplir los requisitos legales.
Rebolledo adelantó que buscan concluir la regularización antes de diciembre y confirmó apoyos de 300 mil pesos por centro certificado, sujetos a diagnósticos y reglas de gasto para remodelaciones.
