Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó intervenir en un recurso promovido por el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba.
El exmandatario buscaba que el máximo tribunal atrajera una controversia relacionada con la negativa de suspender los efectos de su tercer auto de formal prisión.
La determinación judicial corresponde a un procedimiento por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, iniciado contra el exfuncionario priista.
El auto de formal prisión fue dictado el 25 de junio de 2025, como parte de las investigaciones federales que enfrenta desde su regreso a México.
Mediante su defensa, Yarrington intentó revertir la negativa de un juez federal que rechazó suspender provisionalmente los efectos de esa resolución mientras continuaba el amparo.
Sin embargo, la Corte determinó que el exgobernador carecía de legitimación para solicitar directamente el ejercicio de la facultad de atracción del máximo tribunal constitucional.
Los ministros fueron informados sobre la petición, pero ninguno decidió hacerla suya, requisito necesario para que pudiera analizarse la intervención extraordinaria solicitada por Yarrington.
La notificación fue publicada el miércoles en los estrados digitales de la Suprema Corte, donde se explicó la improcedencia de la solicitud presentada por la defensa.
Con esta decisión, el expediente permanecerá bajo conocimiento del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, encargado de continuar el trámite judicial correspondiente.
El rechazo no representa una resolución definitiva sobre la responsabilidad penal del exmandatario, sino una determinación relacionada con la competencia para revisar ese recurso específico.
Yarrington gobernó Tamaulipas entre 1999 y 2004, periodo que posteriormente quedó bajo investigaciones relacionadas con presuntas actividades delictivas y operaciones financieras irregulares.
Su trayectoria política dentro del Partido Revolucionario Institucional terminó en 2016, cuando fue expulsado en medio de acusaciones de corrupción y otros señalamientos penales.
En abril de 2017 fue detenido en Florencia, Italia, por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada y lavado de dinero promovidas por autoridades mexicanas y estadounidenses.
La entonces Procuraduría General de la República mantenía acusaciones en su contra, mientras Estados Unidos también solicitaba su entrega para enfrentar procedimientos relacionados con lavado.
Un año después de su detención, el exgobernador fue extraditado a territorio estadounidense, donde continuó el proceso judicial correspondiente a las acusaciones formuladas en su contra.
En 2021 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero ante la justicia estadounidense, como parte del procedimiento penal seguido por aquellas autoridades.
Posteriormente, en marzo de 2023 recibió una sentencia de nueve años de prisión, relacionada con las conductas por las cuales reconoció su responsabilidad ante ese tribunal.
El nueve de abril de 2025 fue deportado a México y entregado a la Fiscalía General de la República en Tijuana, Baja California, ese mismo día.
Después de su entrega, las autoridades federales lo trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México, para continuar sus procesos.
Desde entonces, Yarrington enfrenta distintas causas penales que dieron origen a tres autos de formal prisión dictados por autoridades judiciales mexicanas durante el año 2025.
El primero fue emitido el 16 de abril por delitos contra la salud, seguido de otro el 22 de mayo por operaciones con recursos ilícitos.
A esos procedimientos se añadió el tercer auto de formal prisión, dictado el 25 de junio por delincuencia organizada y presunto lavado de dinero.
La defensa promovió recursos para combatir estas decisiones, entre ellos el relacionado con la suspensión definitiva que ahora pretendía someter a revisión de la Suprema Corte.
Con la negativa de atracción, el expediente continuará su curso ante el tribunal colegiado competente, mientras permanecen abiertos los procedimientos penales contra el exgobernador tamaulipeco.
