Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas reportó un cumplimiento del 93.64 por ciento en solicitudes de información pública, aunque 155 peticiones todavía permanecían sin respuesta registrada.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, informó que las dependencias estatales han respondido 2 mil 284 de las 2 mil 439 solicitudes recibidas.
La funcionaria precisó que las secretarías directamente dependientes del Ejecutivo alcanzaron un cumplimiento del 93 por ciento, mientras los organismos paraestatales registraron 95 por ciento.
Estas cifras corresponden al seguimiento institucional de peticiones ciudadanas ingresadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, mecanismo utilizado para ejercer el derecho de acceso informativo.
Pedraza Melo explicó que los resultados forman parte de las evaluaciones aplicadas a las Unidades de Transparencia, encargadas de gestionar y responder solicitudes dentro de los plazos legales.
La dependencia estatal supervisa actualmente esos procedimientos mediante el nuevo esquema de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, encargado de fortalecer las obligaciones de información pública.
Según la secretaria, el incremento de solicitudes, que se acerca a tres mil anuales, refleja mayor utilización ciudadana de los mecanismos oficiales para requerir información gubernamental.
Aseguró que el sistema permite revisar tiempos de respuesta y dar seguimiento a las dependencias, con el objetivo de reducir retrasos y mejorar el cumplimiento institucional.
Sin embargo, aclaró que existen restricciones legales para proporcionar determinada información, especialmente cuando involucra investigaciones abiertas, datos personales o procedimientos sujetos a reserva legal.
En estos casos, explicó, las autoridades deben proteger derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, la privacidad y las garantías del debido proceso correspondiente.
La funcionaria sostuvo que esas limitaciones no deben interpretarse automáticamente como negativas injustificadas, siempre que las instituciones expliquen y fundamenten legalmente sus decisiones ante solicitantes.
Recordó que los ciudadanos pueden interponer recursos de revisión cuando consideren incompleta, incorrecta o improcedente una respuesta emitida por cualquiera de los sujetos obligados estatales.
También existe la posibilidad de presentar denuncias por incumplimientos en la publicación de información que las instituciones deben mantener disponible mediante los portales oficiales correspondientes.
Pedraza Melo explicó que estos mecanismos permiten a las personas exigir correcciones y verificar que las autoridades cumplan sus responsabilidades de publicidad y acceso a documentos.
El sistema estatal mantiene vigilancia sobre más de 150 sujetos obligados, entre ellos 17 dependencias, aproximadamente 50 entidades públicas, 43 municipios y otros organismos descentralizados.
La secretaria destacó que la estrategia pretende unificar criterios de atención, mejorar la administración documental y facilitar respuestas más oportunas a las solicitudes presentadas por ciudadanos.
