La crisis que hizo explosión en Nuevo León, tras la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional, ha dejado de ser un conflicto doméstico para convertirse en un problema político de mayores dimensiones, cuyos efectos comienzan a sentirse en otras regiones del país y amenazan con alcanzar las estructuras más altas del poder morenista.
Lo que parecía una disputa local por una candidatura se ha transformado en un conflicto que sienta un peligroso precedente de indisciplina, ambiciones personales, chantajes políticos y fracturas internas que, de no atenderse con inteligencia, sensibilidad y firmeza, podría comprometer buena parte del capital político acumulado por Morena desde su llegada al poder en 2018.
Ariadna Montiel y, particularmente, Citlalli Hernández, quienes han tenido un papel relevante en la conducción de este proceso político, han contribuido, consciente o inconscientemente, a generar problemas serios de percepción y gobernabilidad interna. Las decisiones tomadas, pero sobre todo la falta de una operación política eficaz para procesar sus consecuencias, han dejado heridas abiertas que hoy amenazan con convertirse en una hemorragia electoral.
Los conflictos surgidos en Guerrero, Chihuahua y Michoacán, a raíz de las designaciones, han ido encontrando cauces de distensión. Sin embargo, en Nuevo León ocurre exactamente lo contrario: las diferencias se profundizan, las inconformidades se multiplican y el conflicto se ha convertido en un verdadero nudo gordiano que sacude las estructuras del morenismo.
Ceder a los chantajes de Tatiana Clouthier, Waldo Fernández, Andrés Mijes y otros actores políticos regiomontanos, sin reglas claras ni una salida institucional, podría debilitar todavía más el proyecto de Morena y la posición de Clara Luz Flores. Pero tampoco puede ignorarse que la dirigencia nacional y el propio equipo de la coordinadora tienen la responsabilidad de construir, cuanto antes, una operación política capaz de cerrar heridas, recuperar confianzas y restablecer la unidad. El tiempo corre y no precisamente a favor de Morena.
Lo más preocupante es que el incendio ya no amenaza solamente a las 17 entidades donde estarán en juego las gubernaturas en 2027. También comienza a extenderse a los territorios distritales y municipales, donde los procesos de registro y selección han abierto espacios a personajes de cuestionable trayectoria, oportunistas de ocasión y políticos que ven en Morena una franquicia electoral antes que un proyecto de transformación. Ahí está el verdadero peligro.
El PRI y el PAN han encontrado una oportunidad que difícilmente habrían podido construir por sí mismos. Las divisiones morenistas les están ofreciendo lo que sus propias estrategias electorales no siempre consiguen: debilitar al adversario desde sus entrañas.
La declaración de Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, resulta especialmente preocupante. Según afirmó, dos figuras que perdieron en el proceso interno de Morena buscaron acercamientos con él inmediatamente después de conocer los resultados.
Más allá de las identidades y de los alcances reales de esos contactos, la afirmación del dirigente panista exhibe un fenómeno que Morena no debería minimizar: la posibilidad de que las inconformidades internas terminen convirtiéndose en instrumentos políticos de sus adversarios.
Pero hay otro frente todavía más delicado, porque no se encuentra formalmente en la oposición, sino dentro de la propia alianza gobernante: el Partido Verde.
El Verde conoce perfectamente el valor de su posición política. Sabe negociar, presionar, administrar sus votos y aprovechar las coyunturas electorales para ampliar su presencia territorial, obtener candidaturas y acrecentar sus cuotas de poder. La crisis interna de Morena le ofrece una nueva ocasión para sacar provecho político de las divisiones de su principal aliado.
Pero el Verde no es el único. También el Partido del Trabajo aprovecha de forma gandalla esta crisis guinda. El Verde y el PT son descarados caballos de Troya.
Morena no es solamente el partido mayoritario del país. Es la principal plataforma política y legislativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y el instrumento electoral que puede darle continuidad a su proyecto de gobierno más allá de 2030.
La presidenta necesita un movimiento fuerte, organizado, disciplinado en sus acuerdos y capaz de procesar democráticamente sus diferencias. No un partido convertido en campo de batalla de grupos, facciones y personajes que anteponen sus aspiraciones personales al interés colectivo.
La presidenta no puede darse el lujo de tener un partido que, en lugar de respaldar su proyecto, consuma sus energías en apagar incendios provocados por sus propios dirigentes.
Tampoco puede permitir que sus aliados conviertan cada conflicto interno en una subasta política.
Lo sucedido en Nuevo León debería servir como una advertencia nacional. La rebelión contra Clara Luz Flores, la resistencia de quienes no aceptaron los resultados y la ausencia de una solución política convincente han puesto sobre la mesa una pregunta que nadie en la dirigencia nacional debería eludir.
La dirigencia nacional sigue confundiendo la unidad con la simulación, y la negociación política con el reparto de cuotas, el incendio puede extenderse hasta volver irreparable la fractura.
