La caída de nacimientos en México amenaza con complicar el financiamiento de las pensiones, debido a que habrá menos trabajadores para sostener una población más envejecida.
Ramsé Gutiérrez, codirector de inversiones de Franklin Templeton Investments México, advirtió que esta transformación demográfica puede modificar las finanzas públicas durante las próximas décadas nacionales.
El especialista señaló que dentro de 15 a 25 años podrían incorporarse menos personas al mercado laboral, justo cuando aumenten las necesidades de financiamiento pensionario.
El problema se agrava por la informalidad: cerca del 52 por ciento de la población ocupada, aproximadamente 33 millones de personas, carece de empleo formal.
Según los datos atribuidos a la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, la fecundidad descendió de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024.
De confirmarse esa estimación, México se acercaría a niveles de fecundidad observados en Grecia e Italia, después de registrar indicadores superiores a Estados Unidos y Francia.
El cambio también contrastaría con las proyecciones del Consejo Nacional de Población, que calculaba 1.92 hijos por mujer para 2023 y apenas 1.49 hacia 2070.
La tasa global de fecundidad estima cuántos hijos tendría una mujer durante su vida reproductiva si persistieran las tasas registradas en un periodo determinado como referencia.
Una reducción sostenida no significa que la población disminuya inmediatamente, pero transforma su composición, con menos menores de edad y mayor proporción de adultos mayores.
Entre 2020 y 2025, la edad mediana habría aumentado de 29 a 32 años, mientras el crecimiento poblacional descendió de uno a 0.7 por ciento.
Gutiérrez sostuvo que el desafío rebasa las estadísticas demográficas porque obliga a discutir cómo financiar obligaciones pensionarias cuando disminuye proporcionalmente el número de potenciales contribuyentes.
Las proyecciones citadas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria anticipan para 2027 un gasto pensionario de 2.5 billones de pesos, presionando las finanzas públicas.
Ese monto equivaldría al 6.3 por ciento del producto interno bruto y representaría un crecimiento real de 3.5 por ciento, según las estimaciones económicas presentadas.
El Paquete Económico 2027 atribuye 74.2 por ciento de ese gasto a pensiones contributivas y 25.8 por ciento a prestaciones no contributivas, incluidas las sociales.
El especialista advirtió que el gasto público pensionario se ha triplicado en una década, mientras la menor natalidad plantea desafíos para mantener su sostenibilidad financiera.
Para Gutiérrez, el debate no consiste en descalificar las pensiones sociales, sino en definir mecanismos de financiamiento ante una sociedad longeva y con menos trabajadores.
