Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una quinta parte de las personas recluidas en Tamaulipas llevaba entre uno y dos años esperando una definición jurídica, según la revisión de expedientes judiciales.
Ignacio García Zúñiga, magistrado de la Cuarta Sala Unitaria en Materia Penal, confirmó que encontraron expedientes sin atención prolongada, pese a involucrar a personas encarceladas.
“Vimos casos de gente privada de la libertad que ya tenían más de un año sin atender”, señaló al describir el rezago detectado durante la revisión.
El juzgador sostuvo que estos procesos demandan prioridad, porque mantener pendiente la situación jurídica de una persona encarcelada exige respuestas más rápidas de los tribunales.
“No es lo mismo que estés en libertad a que estés en prisión”, expresó al explicar la urgencia de resolver expedientes relacionados con personas recluidas.
A nivel nacional, afirmó que más de 122 mil personas permanecen encarceladas sin resolución judicial o sentencia firme, equivalentes al 44.3% de la población penitenciaria.
García Zúñiga consideró que figuras como la prisión preventiva oficiosa agravan este problema y contribuyen a la sobrepoblación penitenciaria y a vulneraciones de derechos humanos.
Para Tamaulipas, reportó avances en la reducción del rezago mediante una estrategia que agilizó audiencias y resoluciones de segunda instancia, donde también había expedientes acumulados.
Recordó que algunas audiencias previstas legalmente para celebrarse dentro de 15 días eran programadas hasta tres meses después, lo que provocaba inconformidad entre los usuarios.
Frente a ese antecedente, aseguró que las audiencias cumplen los tiempos legales y que no existen asuntos resueltos fuera de plazo dentro del trabajo referido.
