Hay momentos en la historia de los países en los que la ciudadanía deja de conformarse con explicaciones y comienza a exigir resultados. El Salvador, bajo el gobierno de Nayib Bukele, representa uno de esos casos que obligan a replantear las estrategias tradicionales de seguridad pública.
Su modelo contra las pandillas y las estructuras criminales ha conseguido una reducción extraordinaria de los homicidios y una recuperación de espacios públicos que durante décadas estuvieron sometidos al miedo, la extorsión y el control territorial de las organizaciones delictivas.
Los resultados oficiales salvadoreños son difíciles de ignorar. El gobierno reportó para 2025 una tasa de 1.3 homicidios por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, tampoco pueden soslayarse las denuncias de organismos internacionales sobre detenciones arbitrarias, fallecimientos bajo custodia, restricciones a las libertades y debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Human Rights Watch advierte, además, que las restricciones al acceso a las estadísticas dificultan verificar plenamente los resultados.
La pregunta pertinente no es si México debe copiar a Bukele, sino si ha llegado el momento de aprender de sus aciertos sin reproducir sus excesos autoritarios.
México enfrenta una realidad mucho más compleja por su extensión territorial, población, estructura económica y penetración de organizaciones criminales. Aquí no solamente existen cárteles dedicados al narcotráfico: también hay redes que controlan territorios, extorsionan comerciantes, cobran derecho de piso, condicionan actividades agrícolas, industriales y de transporte, e incluso interfieren en gobiernos municipales. La inseguridad ha dejado de ser exclusivamente un problema policial para convertirse en un obstáculo estructural al desarrollo económico.
La ENVIPE 2026 del INEGI confirma la gravedad del problema: durante 2025, 23 millones de personas adultas fueron víctimas de algún delito y la extorsión registró una cifra oculta de 97.5%. Es decir, prácticamente no llega a las autoridades la inmensa mayoría de estos delitos.
Esta realidad exige una estrategia extraordinaria, pero también profesional, verificable y respetuosa de los derechos humanos.
El segundo gran problema mexicano es económico. Las remesas, las transferencias sociales, el incremento del salario mínimo por encima de la inflación y la ampliación de los programas de bienestar han representado avances importantes para millones de familias. Sin embargo, no pueden convertirse en el proyecto económico completo de una nación. La recuperación del poder adquisitivo necesita acompañarse de productividad, inversión, empleo formal, innovación tecnológica y crecimiento sostenido.
Además, no seguir atrasando a la educación, sector salud y la modernización de la infraestructura existente, incluyendo a Pemex y CFE en franco deterioro.
Conviene precisar que México sí registró recuperaciones superiores al 2.3% en algunos años recientes, particularmente después de la pandemia. No obstante, el balance de crecimiento de 2019 a 2025 revela una expansión insuficiente y desigual, menor al 0.8% promedio anual, con un estancamiento particularmente preocupante en 2025.
El país necesita recuperar tasas sostenidas de crecimiento que permitan ampliar su capacidad productiva y generar oportunidades para las nuevas generaciones.
El tercer desafío es institucional. La construcción del IFE, posteriormente INE, la consolidación de Tribunales Electorales y la autonomía del Poder Judicial fueron resultado de décadas de reformas, negociaciones y luchas ciudadanas. La reforma judicial de 2024 y la elección extraordinaria de 2025 modificaron profundamente el sistema de designación de juzgadores. Más allá de las diferencias políticas, preocupa que la concentración de decisiones y la percepción de subordinación institucional debiliten la confianza ciudadana.
La reciente crisis de credibilidad del INE por presuntos vínculos de corrupción de su presidenta, pone en duda su autonomía y capacidad para organizar las elecciones libres del 2027.
México necesita recuperar la fortaleza de sus instituciones, no destruirlas para sustituirlas por estructuras dependientes del poder político. El INE, el Tribunal Electoral y el Poder Judicial requieren independencia, profesionalización, transparencia y rendición de cuentas.
Tampoco podemos esperar que la solución de nuestros problemas de seguridad provenga de Washington, de Donald Trump o de una intervención indirecta de Estados Unidos. La cooperación bilateral contra el tráfico de armas, drogas y dinero ilícito es necesaria, pero la responsabilidad de garantizar la seguridad de los mexicanos corresponde al Estado mexicano.
La verdadera sacudida que necesita México debe tener cuatro componentes: seguridad efectiva contra las organizaciones criminales; recuperación del Estado de derecho; reconstrucción institucional y reactivación económica mediante inversión pública y privada, privilegiando también el capital nacional.
La deuda acumulada de estos años no es irreversible, pero el tiempo para corregir el rumbo tampoco es infinito. México conserva ventajas extraordinarias: ubicación geográfica, mercado interno, recursos naturales, capacidad industrial, capital humano y oportunidades derivadas del nearshoring. Sin embargo, ninguna inversión llegará con la fuerza necesaria si empresarios, trabajadores y familias continúan pagando el costo de la inseguridad y la incertidumbre jurídica.
La lección de Bukele no debe ser gobernar sin contrapesos, sino demostrar que la seguridad de la población es una obligación impostergable. México necesita resultados, pero también instituciones. Necesita bienestar, pero acompañado de crecimiento. Necesita autoridad, pero sometida a la ley.
El verdadero dilema nacional no es elegir entre democracia y seguridad, sino demostrar que ambas pueden coexistir.
La transformación que México requiere no consiste en prolongar la polarización política ni en esperar soluciones externas: consiste en reconstruir la confianza, recuperar la capacidad productiva y devolverle al ciudadano la tranquilidad de vivir, trabajar, invertir y progresar.
Todavía estamos a tiempo. Pero el país ya no puede darse el lujo de seguir posponiendo las decisiones fundamentales. Menos seguir dependientes de la política de un pensamiento único, ni de una sola persona…
