Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los daños vehiculares por baches y socavones tendrían que indemnizarse en un máximo de 30 días, propone una iniciativa presentada por la diputada local panista María del Rosario González Flores.
La legisladora busca reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado para establecer un procedimiento digital, sencillo y diferenciado que permita reclamar las reparaciones sin recurrir a prolongados procesos judiciales.
La propuesta plantea que el gobierno estatal, los municipios o las comisiones de agua respondan por afectaciones derivadas de fallas en infraestructura vial pública atribuibles a una actividad administrativa irregular.
Para iniciar el reclamo, las personas afectadas deberán reportar el percance dentro de cinco días hábiles mediante una plataforma digital, con fotografías, datos del vehículo, geolocalización y cotización de reparación.
Recibida la documentación, la autoridad responsable tendría hasta 30 días para cubrir la indemnización en dinero o mediante reparación en un taller autorizado, conforme al mecanismo planteado por la diputada.
El pago podría rechazarse si la autoridad demuestra que el incidente obedeció a negligencia del conductor, exceso de velocidad, fuerza mayor u otras circunstancias atribuibles a quien manejaba el vehículo.
González Flores sostuvo que esta vía evitaría gastos en peritajes y reduciría el tiempo destinado a litigios, cuya complejidad y duración desalientan actualmente a quienes buscan reclamar una indemnización económica.
Durante su exposición, atribuyó la aparición recurrente de baches y socavones a trabajos públicos tardíos o deficientes de pavimentación y reparación, que terminan trasladando costos económicos a las familias tamaulipecas.
Señaló que esos desperfectos dañan neumáticos, rines y suspensiones, mientras que para motociclistas también pueden representar riesgos mayores, con accidentes que ocasionan pérdidas materiales, lesiones e incluso muertes, según expuso.
La diputada cuestionó que los conductores asuman como propia la responsabilidad de esquivar deterioros, cuando pagan impuestos y derechos para recibir servicios públicos de calidad y transitar por vialidades seguras.
Consideró que lluvias y tránsito pesado no deben servir como justificaciones permanentes, salvo situaciones de fuerza mayor, porque las autoridades cuentan con tiempo y recursos para planear el mantenimiento vial.
