Ciudad de México. La iniciativa presidencial en materia de amparo será discutida en un Parlamento Abierto, porque “son reformas muy trascendentales, de una institución jurídica fundamental como es el juicio de amparo, y no solamente en términos de importancia para el sistema jurídico, sino muy apreciado para la protección de los derechos del ciudadano frente al Estado o las decisiones de la autoridad”, aseguró Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia del Senado.
En entrevista, Javier Corral descartó cualquier intento de fast track, pues, a pregunta expresa sobre ello, respondió que “nosotros hemos pedido el tiempo que es propicio y debe ser propicio para una materia como ésta y a una iniciativa de la importancia de la que ha enviado la Presidenta de la República”.
Ayer, la Mesa Directiva del Senado turnó la iniciativa presidencial que modifica la Ley de Amparo a las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Estudios Legislativos, pero será Justicia la Comisión coordinadora de todo el proceso legislativo.
Lo que hemos aquí acordado, en la Comisión de Justicia, es el de buscar abrir un proceso de discusión abierto o lo que se conoce como Parlamento Abierto, para conocer la opinión de las partes interesadas, de expertos y, por supuesto, es una ruta que tendrán que trazar las tres comisiones.
Voy a proponer que en estos próximos días las tres mesas directivas de las tres comisiones nos reunamos para definir un método y una dinámica de reflexión, de análisis, de discusión de la iniciativa que nos ha sido turnada”, precisó.
Corral explicó que “nos parece que es un tema de la mayor relevancia, de la mayor importancia, que debe ser analizado en sus méritos y que debemos de darnos el tiempo, el método y la manera para escuchar inquietudes y preocupaciones.
Incluso para valorar los pros y los contras que puedan representar cada una de las materia de modificación, toda vez que son reformas muy importantes; son reformas muy trascendentales, de una institución jurídica fundamental como es el juicio de amparo, y no solamente en términos de importancia para el sistema jurídico, sino muy apreciado para la protección de los derechos del ciudadano frente al Estado o las decisiones de la autoridad y con esa seriedad abriremos la discusión”, resaltó.
Añadió que se busca que “nadie quede fuera de la posibilidad de procesar un amparo por cualquier vía. Estamos en el proceso de revisión, nos acaba de llegar la iniciativa y la estamos estudiando con absoluta seriedad y lo haremos con toda seriedad”.
— ¿Totalmente descartado un fast track?
— Nosotros hemos pedido el tiempo que es propicio y debe ser propicio para una materia como ésta y a una iniciativa de la importancia de la que ha enviado la mandataria.
Como lo informó ayer Excélsior, la iniciativa de la Presidenta desató preocupaciones entre juristas, abogados litigantes y jueces, porque consideran que anula la esencia del amparo, que es proteger a los ciudadanos de las decisiones del gobierno y con esta reforma se protege al gobierno de los recursos de protección que promuevan los ciudadanos.
“SE BUSCA UNA JUSTICIA EXPEDITA”
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la iniciativa para reformar la Ley de Amparo tiene el objetivo de que haya una justicia más expedita y garantizar el derecho de los ciudadanos a que no pasen los años sin que haya una sentencia.
Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la mandataria explicó que las iniciativas legales enviadas al Congreso de la Unión pretenden limitar las facultades de la figura del amparo, debido a que actualmente la ley permite que aun con sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre un caso se puedan volver a amparar.
Por supuesto se defiende al ciudadano frente al acto de autoridad. Eso es muy importante en la ley mexicana, en la norma mexicana. Pero que se haga más expedito, que sean más rápidas las resoluciones. Eso tiene que ver con todas las leyes que se están modificando y en particular la Ley de Amparo, que sea más expedito todo el procedimiento y al mismo tiempo que cuando hay una sentencia firme, pues no vengan otra vez años para la ejecución de la sentencia”, enfatizó.
La jefa del Ejecutivo indicó que uno de los propósitos de la reforma es que no haya ciudadanos “que pasen años y años sin sentencias”.
Desde el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo informó que mañana acudirán a la conferencia matutina la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, para explicar las características de las iniciativas que envió.
La reforma legal propuesta por la Presidenta el pasado 15 de septiembre busca para impedir que los grupos criminales y los evasores fiscales utilicen el amparo para evadir la acción de la justicia.
Sin embargo, también prevé acciones para evitar que se utilice para obstaculizar las acciones del gobierno con argumentos de afectación falsos.
VEN LÍMITES A LA DEFENSA CIUDADANA
La iniciativa presidencial para reformar la Ley de Amparo introduce “limitaciones severas en la defensa que los particulares tienen en materia de amparo”.
Así lo afirmó, en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio, el abogado constitucionalista José Elías Romero Apis, quien recordó que el amparo es un mecanismo en el que “siempre enfrenta a los ciudadanos contra el gobierno: puede ser un presidente, un congreso, un gobernador, un alcalde o una autoridad menor, pero siempre es contra el poder”.
A pesar de la relevancia del juicio, explicó que el procedimiento nunca ha sido equilibrado: “el gobierno hace la ley, aplica la ley y juzga la violación de la ley. Ya de suyo no cabe en la imaginación que pudiera ser un juicio parejo, aunque siempre ha habido jueces limpios y verticales”.
Consideró que la reforma profundiza los obstácu-
los para la interposición de amparos, “pues no sólo deja sin beneficio al que no litiga, sino que pone trabas a quien sí litiga”.
Uno de los puntos más delicados, dijo, es la exigencia de nuevos requisitos: “probar que la violación es real, que le afecta directamente, que es actual. La Constitución sólo exige probar la violación, no todo esto. Esto podría tener visos de inconstitucionalidad”, consideró.
