Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En Tamaulipas, las mujeres víctimas de violencia contarán con pulseras de pánico monitoreadas en tiempo real por las autoridades, tras la aprobación de una reforma en el Congreso del Estado que busca garantizar una reacción inmediata ante cualquier agresión.
La medida quedó asentada en el dictamen que adiciona la fracción 4 Bis al artículo 10 de la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Aunque la reforma deberá votarse en el Pleno en la próxima sesión extraordinaria, su aval se da por hecho al ser impulsada por la bancada de Morena.
Con esta acción, las autoridades estatales estarán facultadas para ordenar el uso de dispositivos electrónicos de alerta o geolocalización cuando exista riesgo fundado para la vida o integridad de una mujer. Los equipos estarán conectados a los sistemas de seguridad pública y operarán bajo protocolos que obliguen a una respuesta rápida y coordinada.
El objetivo central es ofrecer un mecanismo de protección inmediato que disuada a los agresores y cierre la puerta a la omisión de las autoridades.
El contexto en el estado confirma la urgencia: en 2022 se registraron 42 homicidios dolosos de mujeres y, en un solo mes, se contabilizaron 264 llamadas al 9-1-1 por violencia contra mujeres. Victoria concentró el 32% de los reportes, seguida de Reynosa (24%) y Matamoros (15%).
Particularmente vulnerables son las mujeres separadas o divorciadas: seis de cada diez reconocen haber sido violentadas durante su relación, y más de un tercio sufrió agresiones físicas. Por ello, los legisladores proponen que este sector sea prioritario en la entrega de las pulseras.
La reforma instruye a la Secretaría de Seguridad Pública y al Instituto de las Mujeres a emitir, en un plazo de 90 días, los lineamientos para el uso y monitoreo de los dispositivos. También obliga a realizar las adecuaciones administrativas y presupuestales necesarias, sin afectar recursos ya asignados.
Finalmente, los municipios deberán sumarse a la estrategia y coordinarse con el Estado para garantizar un sistema de respuesta inmediata que atienda sin demora a las mujeres en riesgo.
