Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La diputada local Mercedes del Carmen Guillén Vicente advirtió que la reforma a la Ley de Amparo tiene un propósito recaudatorio, más que jurídico o social, y alertó que su aprobación pondría en riesgo los derechos humanos y el principio de no retroactividad de la ley.
“Esta iniciativa busca rescatar 196 mil créditos fiscales, sin importar quiénes sean los deudores o si los litigios siguen abiertos”, sostuvo la legisladora priista, tras señalar que el Gobierno Federal busca recursos porque está prácticamente quebrado.
Guillén Vicente explicó que la aplicación retroactiva de la reforma afectaría a miles de pequeños comerciantes y empresarios que mantienen procesos legales con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
“Este cambio elimina el derecho ciudadano de protegerse; nos afecta a todos. Es una regresión jurídica inaceptable”, sentenció la también exprocuradora de Tamaulipas.
Afirmó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no acompañará la iniciativa, al considerarla uno de los mayores trastocamientos al marco jurídico nacional en las últimas décadas.
“El planteamiento fiscal es que no puede haber ‘amparo sobre amparo’ para frenar pagos de impuestos, pero en el fondo se deja desamparado a cualquier ciudadano común”, advirtió la diputada.
A su juicio, el verdadero propósito del Gobierno no es modernizar la figura del amparo, sino limitar su uso para garantizar el cobro de impuestos pendientes.
“La reforma no busca justicia ni eficiencia procesal; busca debilitar la defensa ciudadana ante el poder y recaudar a toda costa”, subrayó.
Guillén Vicente insistió en que el amparo es una herramienta de protección universal, no exclusiva de grandes empresarios, y su modificación afectará directamente a la población.
“Yo esperaría que, si se modificara la ley, fuera a favor del ciudadano y no en su contra. Hoy cualquiera podría quedar expuesto incluso a una venganza política”, concluyó.
