Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con la justicia pisándole los talones, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca insiste en la vieja narrativa del “perseguido político”, pero ha descartado expresar la defensa a sus ex secretarios vinculados a procesos.
Aunado a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisa el amparo que le permite mantenerse libre. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas documenta nuevos desvíos millonarios cometidos durante su sexenio.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, solo en octubre se vincularon a proceso expedientes que superan mil 500 millones de pesos, involucrando a exfuncionarios de primer nivel cercanos al exgobernador panista.
Mientras Francisco García mantiene su defensa personal, la FECC mantiene un proceso de investigaciones del gobierno del ex mandatario.
Entre los señalados figura Fernando Campos Martínez, exdirector del ITACE, acusado del delito de peculado por presuntamente desviar recursos públicos en beneficio personal, durante su paso por el organismo.
También fue vinculado Carlos Alberto “Chito” García González, exsecretario de Desarrollo Económico y operador político de Cabeza de Vaca, imputado por uso ilícito de facultades y abuso de funciones administrativas.
La exsecretaria de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna, enfrenta acusaciones por uso indebido de funciones, derivado de irregularidades detectadas en el manejo de fondos estatales durante su gestión.
A esta red se suman Reynaldo Garza Gómez, Eduardo Barrera Peña, Isaías Vázquez Chávez y Armando Cantú Cuéllar, exfuncionarios de Obras Públicas, señalados por abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público tras manipular contratos y obtener millonarios “retornos”.
De igual forma, Enrique Nader Nemer, exsubsecretario de Administración y Finanzas de Salud y cercano al senador Ismael García Cabeza de Vaca, fue acusado de uso indebido de facultades y atribuciones en el manejo presupuestal.
Otro exintegrante del gabinete, Rómulo Garza Martínez, quien encabezó la Secretaría de Bienestar, también fue vinculado por uso ilícito de funciones, mientras que Mario Gómez Monroy, Gilberto Estrella Hernández y Jesús Alberto Salazar Anzaldúa esperan su turno ante la justicia.
Pese al vendaval judicial, Cabeza de Vaca se mantiene en silencio, observando cómo se derrumba el andamiaje político que construyó con lealtades compradas.
El nuevo Poder Judicial de Tamaulipas, también avanza en procesar a quienes lo protegieron durante su administración.
Su libertad pende de una resolución de la Suprema Corte, donde el expediente fue turnado a la ministra Lenia Batres Guadarrama, identificada con la 4T. Si el amparo se revierte, el exgobernador panista podría enfrentar el destino que él mismo selló con la corrupción de su régimen.
Todo indica que la impunidad que lo blindó por años se desvanece, y que los hilos de su red política y financiera comienzan a tensarse hasta romperse.
