Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El Congreso de Tamaulipas hizo un llamado urgente para que los 43 municipios actualicen sus Bandos de Policía y Buen Gobierno.
La propuesta busca modernizar las sanciones por faltas administrativas y garantizar normas claras que protejan la seguridad, el orden y la convivencia social.
El exhorto señala que muchos reglamentos permanecen sin actualizar desde hace años, lo que provoca vacíos legales y sanciones totalmente insuficientes ante nuevas problemáticas sociales.
La diputada Judith Méndez explicó que una actualización normativa permitirá atender con firmeza conductas como acoso, exhibicionismo y violencia en espacios públicos municipales.
Recordó que casos recientes en el Paseo Méndez evidencian la urgencia de reglamentos vigentes capaces de sancionar conductas que ponen en riesgo a mujeres y familias.
La legisladora destacó que los municipios deben actuar como primera línea de protección ciudadana, detectando agresores y activando protocolos que prevengan delitos mayores.
El llamado también incluye fortalecer la capacidad municipal para sancionar basureros clandestinos, cuyo crecimiento representa riesgos sanitarios graves para toda la población.
Se advierte que la acumulación de basura genera focos de infección, atrae fauna nociva y expone a las familias a enfermedades que pueden evitarse con firmeza regulatoria.
La iniciativa insiste en que actuales multas de hasta diez UMAs —equivalentes a poco más de mil pesos— resultan totalmente insuficientes y deben actualizarse.
Sostiene que conductas como tirar desechos peligrosos en la vía pública o exhibirse frente a mujeres no pueden recibir sanciones simbólicas sin efecto disuasivo.
La propuesta plantea que los reglamentos municipales establezcan sanciones proporcionales al daño causado y permitan frenar la reincidencia mediante acciones preventivas.
El Congreso pidió también que los ayuntamientos informen ampliamente a la ciudadanía sobre faltas, sanciones y canales oficiales para presentar reportes o denuncias.
La diputada Méndez subrayó que una población informada exige cumplimiento de la ley, participa en su mejora y fortalece la seguridad comunitaria desde sus barrios.
La iniciativa alinea sus objetivos con el Plan Estatal de Desarrollo y la Agenda 2030, promoviendo instituciones sólidas y decisiones públicas incluyentes.
El Punto de Acuerdo será enviado a los 43 municipios para que detallen las acciones emprendidas y avancen hacia reglamentos modernos, claros y funcionales.
