Ciudad de México.- La Cámara de Diputados recibió del Congreso de Chiapas una iniciativa para permitir que policías estatales porten armas y municiones de uso exclusivo militar en territorios dominados por el crimen organizado.
La propuesta plantea reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para reducir la desventaja operativa de policías locales frente al alto poder de fuego criminal.
Durante la presentación, se explicó que la reforma busca corregir la asimetría armamentista que enfrentan corporaciones estatales en regiones con violencia extrema y presencia consolidada de grupos delictivos.
Se permitiría a las corporaciones adquirir armamento de mayor capacidad, bajo control institucional estricto, con el objetivo de fortalecer su respuesta ante amenazas de alto impacto.
Legisladores señalaron que históricamente las fuerzas armadas se han opuesto a esta medida, pero consideraron necesario abrir el debate y superar resistencias tradicionales.
La iniciativa establece que el uso de este armamento se regirá por legalidad, necesidad, proporcionalidad, prevención, rendición de cuentas y respeto a derechos humanos.
El proyecto será turnado a la Comisión de Defensa Nacional y se someterá a consulta pública, con la participación de gobernadores que enfrentan contextos similares.
Chiapas es el primer estado en impulsar formalmente esta reforma, aunque se reconoció que otras entidades viven condiciones de desventaja frente al crimen organizado.
El planteamiento mantiene el carácter civil de las policías, reserva a las fuerzas armadas la seguridad nacional y otorga a la Defensa el control de permisos y resguardos.
Se prevé modificar el artículo 8 Bis para ampliar facultades de autorización, exigir certificaciones individuales y ordenar el resguardo militar del armamento tras su uso.
También se ajustaría el artículo 11 Bis para reiterar la prohibición a particulares y permitir excepciones solo en casos expresamente autorizados por la autoridad federal.
Finalmente, la reforma al artículo 29 permitiría licencias colectivas e individuales para portar armas de mayor potencia, siempre bajo solicitud y supervisión estatal.
