Al participar en el Foro el Nuevo Modelo de Regulación de Encuestas Electorales, Córdova Vainello subrayó que nunca antes había ocurrido ello, por lo que ahora quien haga encuestas sin la acreditación correspondiente estará cometiendo un delito electoral a la luz de la nueva reglamentación.
Por ello, consideró, es de celebrarse que derivado de la nueva legislación electoral aprobada en octubre pasado se establezca esto, lo que es una buena noticia pese a que “no soy un creyente ni de la sobrerregulación ni del derecho penal del enemigo”, aclaró.
Recordó que en 1994 las preocupaciones se centraron en evitar que días antes de y durante la jornada electoral se difundieran encuestas sobre las preferencias electorales.
Asimismo, en establecer criterios técnicos, básicos o metodológicos que deberían ser observados por las empresas u organismos que quisieran llevar a cabo encuestas electorales.
Agregó que a partir de entonces y hasta 2014, la evolución del modelo electoral federalizado provocó una multiplicidad de reglamentaciones y criterios que dificultaban el trabajo de las casas encuestadoras.
Ello, explicó, porque las disposiciones oscilaban desde aquellas que eran absolutamente laxas, hasta las que eran claramente restrictivas para la actividad profesional y científica del gremio demoscópico.
Señaló que esta diversidad reglamentaria favoreció que en el proceso electoral de 2012 algunas encuestas y medios de difusión fueron utilizadas como herramientas electorales de alguna fuerza política.
Incluso, agregó, “debemos recordar que los cuestionamientos a rigor científico y al manejo de esas encuestas, fueron utilizados por primera vez en nuestra historia electoral como argumentos de impugnación respecto de la validez de la elección de 2012”.
Comentó que los estudios demoscópicos realizados durante la jornada electoral, exit polls, conteos rápidos, y los resultados oficiales desde 1994, lograron consolidar a las encuestas como una herramienta de certidumbre y de fortaleza de la evolución electoral en México.
Sin embargo, expuso, en 2012 la historia pareció encontrar otro rumbo, fue necesario hacer un ejercicio de reflexión pública para explicar con rigor científico y de manera lo más coloquial y llana posible qué fue lo que había sucedido.
Esta experiencia orientó una parte de la reforma electoral de 2014 y los argumentos esgrimidos por los profesionales del medio demoscópico y las inquietudes de la sociedad y de partidos políticos se reflejaron en gran medida en las nuevas disposiciones legislativas, señaló.
De ahí que a partir del actual proceso electoral y en congruencia con el nuevo sistema nacional de elecciones, el INE se convirtió en autoridad rectora en materia de encuestas electorales, tanto para su realización, como para la difusión en todo el territorio nacional, subrayó.
