Staff MuroPolítico
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Esta semana, el Congreso local podría proponer una nueva ley de transporte público para Tamaulipas, la cual tiene como objetivo principal reforzar los “programas de movilidad urbana”, mayor inversión en tecnología, así como dar uniformes y capacitación a los choferes. Esto de acuerdo al diputado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ramiro Ramos Salinas.
Pero canalizar mayores recursos económicos a un sistema de transporte ineficiente desde las bases tiene tan poco sentido como decir que se “actualizan” los camiones al ponerle piezas nuevas al motor pero manteniendo las características de modelos anteriores a la década de los 80, tal y como sucede en Nuevo Laredo.
Y no sólo eso: no servirá de nada afirmar que se incentivará la creación de grupos firmados por concesionarios cuando son estos quienes desde siempre nunca cumplen con la parte del trato con el Estado: les permiten cobrar de más pero nunca mejora el servicio ni la calidad de las unidades.
Según Ramos Salinas, principal promotor de esta nueva legislación, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) junto con la Subsecretaría de Transporte son las responsables de vigilar todo lo que envuelve el sistema de camiones y taxis en todo Tamaulipas, y por tal motivo existe un fondo para canalizar recursos económicos para ampliar los operativos de vigilancia y supervisión.
Pero al cuestionarlo sobre la poca efectividad de ambos departamentos -pues además de ignorar la presencia de camiones de ruta con placas sobrepuestas, camiones de servicio especializado y taxis sin placa ni concesión alguna, culpan a una subdelegación local que cuenta únicamente con dos supervisores para más de 800 unidades concesionada se-, el diputado sólo invitó a la ciudadanía a denunciar.
“Lo importante de eso es que la gente lo denuncie a la autoridad correspondiente, y que me lleven la denuncia a mi oficina (de enlace ciudadano) para darle seguimiento”, sugirió Ramiro.
Si, y tan sólo sí, la gente de Tamaulipas dejara una queja sobre el transporte público en la puerta de Boulevar Praxedis Balboa 3100, o en la esquina neolaredense de Obregón y Arteaga, el diputado Ramos Salinas se daría cuenta que después de que dejara la Subsecretaría de Transporte en 2012: las rutas más largas cobran 10 pesos, los camiones son obsoletos por dentro y están muy dañados por fuera, los taxis cobran muy caro y sin taxímetro, las rutas dejan de dar servicio antes de las 10:00 pm -hora límite estipulado en el Periódico Oficial- y no llegan hasta el final del recorrido para dejar usuarios sin servicios, los ciudadanos no respetan los paraderos oficiales y obliga a que la vialidad se detenga a media avenida; entre muchas otras observaciones.
Para su ciudad, el diputado Ramiro Ramos ya tiene una respuesta:
“Las condiciones del transporte público son buenas, en el sentido de que hay un sistema empresarial funcional; que hay una cobertura muy importante de las rutas, aunque también hace falta ampliar las rutas del transporte (…) pero en sí el servicio es un servicio, digamos, ‘aceptable'”.
Si en esta próxima legislación no se prevé crear mecanismos efectivos para mejorar el transporte público desde las bases, empezando la SEDUMA y la Subsecretaría de Transporte estatal; si no hay consecuencias jurídicas y penales contra los concesionarios que permitan arbitrariedades en sus unidades; si no se cumplen los lineamientos que resulten de los estudios de movilidad; si los ciudadanos no le toman la palabra al diputado e interponen quejas; de lo único que serviría la reforma a la Ley del Transporte Público es permitir que todo siga igual. Es perpetrar lo aceptable.
